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martes, 24 de noviembre de 2015

El editorial de La Nación que enfureció a sus periodistas

EL MUNDO 24 NOV 2015 
Los periodistas del diario objetaron el editorial, que equiparaba a las víctimas de la dictadura con los victimarios, y apoyaron “la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad” a exmilitares y exjueces.
Por: Redacción Internacional
El editorial de La Nación que enfureció a sus periodistas Periodistas de La Nación con carteles que rezan: “Repudio el editorial” en las instalaciones del diario. /AFP
Justo un día después de la victoria presidencial de Mauricio Macri, representante de la derecha en Argentina, el diario La Nación publicó un editorial en donde pedía al presidente electo “terminar con las mentiras de los años 70 y las actuales violaciones de derechos humanos”. El editorial hacía referencia a la desaparición de más de 30.000 nacionales durante la época de la dictadura en Argentina (1976-1983), por las que hasta hoy se han dictado más de 600 condenas por delitos de lesa humanidad, muchas de ellas dirigidas a exmilitares y exjueces involucrados en la muerte de disidentes políticos.
El capítulo de la dictadura es uno de los hechos más dolorosos para muchos argentinos. Además de los desaparecidos, y en conjunto con el régimen de Pinochet en Chile y la dictadura de Stroessner en Paraguay, los militares argentinos en el poder crearon una maquinaria destinada a acabar con la oposición y, como en el caso chileno, a torturar y desaparecer (la Operación Cóndor fue su contribución conjunta a esa aniquilación). Los juicios contra los responsables se reanudaron por impulso de Néstor Kirchner desde el comienzo de su presidencia, en 2003, cuando fueron anuladas las amnistías de 1986 y 1987.
Entre líneas, el editorial de La Nación le pide a Macri que detenga dichos juicios y revele la verdad sobre esos “jóvenes idealistas” —las comillas son del editorial— que fueron asesinados durante la dictadura. El editorial reza: “Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional”.
Pocas horas después, los periodistas de planta del diario rechazaron de manera rígida las afirmaciones del editorial y enviaron una carta conjunta, que dice: “Desde esa diversidad (la diversidad de opiniones en la redacción) rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’”. En sus primeros párrafos, el editorial asegura que no existe ninguna “moral diferente” entre los “rebeldes” y el Estado que los combatía. En sus primeras líneas, hace una comparación adicional: dice que “grupos terroristas” de ese entonces son similares a los que cometieron los atentados del 13 de noviembre en París.
En una aclaración posterior, La Nación dijo que el editorial expresaba sólo la opinión del diario y no la de sus periodistas. Entre las peticiones que el diario le hace a Macri está también la “verdadera vergüenza nacional” que supone tener encarcelados a exmilitares “a pesar de su ancianidad”. La base de su argumento es la edad de los ejecutores, a pesar de que su culpa es declarada. Para La Nación, los juicios están impulsados por una “cultura de la venganza”, una suerte de programa político que había hecho parte del kirchnerismo durante sus doce años de gobierno. En una entrevista reciente, Macri aseguró que dejaría en pie dichas investigaciones. Cerca del 65% de los votantes en estas elecciones estaban de acuerdo con la continuidad de las búsquedas.
La líder las Madres de Mayo, Estela Carlotto, aseguró que los condenados por crímenes en la dictadura “son personas mayores que no se arrepienten, no confiesan; además prometen volver a hacerlo si fuera necesario”. Consultado por la Agencia EFE, el analista Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguró que el propósito del editorial seguía las pautas de una campaña de antaño, dedicada a “horadar los juicios por los crímenes de lesa humanidad”. Dicho de otro modo, el editorial de La Nación es el reflejo de un pensamiento todavía presente en cierta parte de la sociedad argentina —y en muchas de las sociedades con conflictos similares—: que las víctimas de la dictadura, de algún modo, lo merecían.

Fuente: El Espectador

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Defensoría: "Serenos deben pasar por evaluaciones mentales"

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la agresión realizada por miembros de Serenazgo de San Isidro.

Defensoría: "Serenos deben pasar por evaluaciones mentales"
Textos: Redacción Multimedia web@grupoepensa.pe |
| Lima -
Los serenos deben someterse evaluaciones de función, desempeño y salud física y mental como cualquier personal que ingresa a trabajar en el Estado, para evitar que asuman tareas que no les corresponden o ejerzan prácticas abusivas contra los ciudadanos, afirmó hoy la Defensoría del Pueblo.
Tras conocerse el caso de los serenos que golpearon violentamente a un motociclista en San Isidro, el comisionado de la Defensoría de Lima, Alberto Huerta, indicó que estas personas deben pasar por exámenes que verifiquen sus condiciones físicas y psicológicas y ser sujetos de control permanente como cualquier servidor público.
"Los municipios deben asegurarse de que los serenos gocen de salud física mental, pues están permanentemente en contacto con el público. Las evaluaciones les ayudará a determinar si están aptos o no para cumplir la función de seguridad ciudadana", comentó a la Agencia Andina.
Consultado sobre las reiteradas redadas que efectúan miembros del serenazgo contra ambulantes, a quienes suelen arrebatar sus pertenencias, Huerta recordó que los serenos no tienen función de fiscalizar, sino de apoyar las intervenciones que dirige la Gerencia de Fiscalización, que supervisa el comercio en sus distritos.
"Las gerencias de fiscalización saben cuáles son las reglas y deben cumplirlas. Los serenos tienen su propio protocolo de actuación", refirió el abogado de la Defensoría. (Andina)
Fuente: Diario Correo

Sentencia judicial por insulto racista: ¿Por qué es importante?

El insulto “negra cocodrilo” -propalado contra la ciudadana Azucena Asunción Algendrones por una compañera de trabajo el año 2012- conllevó a un proceso judicial con sentencia condenatoria que ha marcado un precedente legal en el Perú. La sentencia en primera instancia se emitió el pasado viernes 13, pero no contra la mujer que emitió la agresión verbal, sino contra dos ex funcionarios de la empresa Sedam Huancayo -donde se produjo el incidente- por no haber atendido el caso adecuadamente al interior de la compañía.
La sentencia impone la pena de tres años de cárcel preventiva, una reparación civil de 5 mil nuevos soles y la inhabilitación por dos años para ejercer cargo público contra los dos ex funcionarios. El Comercio conversó del tema con Gabriela Perona, asesora del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien siguió todo el caso.
— ¿Qué tan importante es la sentencia emitida por el Poder Judicial? ¿Marca un precedente?
No ha habido antes un proceso penal admitido por discriminación racial en una corte, sí ha habido por discriminación por discapacidad. Con la sentencia, tenemos un paso importantísimo en el país, porque es un precedente. La discriminación racial en el Perú está condenada en el Código Penal, en el artículo 323; sin embargo, hasta la fecha no teníamos una sola sentencia ni juicio por discriminación racial. La sentencia nos da un precedente legal para el trabajo del resto de casos que existen.
— Anteriormente solo hubo casos con sanción administrativa…
Administrativamente sí tenemos bastantes casos por discriminación, pero en términos penales no. El aparato del Estado para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación funciona regularmente bien para el tema administrativo: ponerle una multa a una empresa, retirar a un funcionario, son medidas que son fáciles de soportar. En el tema de los insultos, injuria, hostigamiento, el único camino que te queda es el penal. 
— Pero la compañera de la agraviada, que propinó el insulto, no fue incluida en el proceso…
Azucena denunció el caso administrativamente dentro de la empresa (Sedam Huancayo), pero el ex gerente (Luis Alberto Pérez Peralta) y el ex jefe de Recursos Humanos (Augusto Gianni Santisteban García) le dicen que no van a tomar ninguna acción porque se trata de una cuestión doméstica. Ella, en realidad, hace la denuncia contra ellos por no tomar acción frente a la situación.
— ¿Hay más procesos judiciales por discriminación racial actualmente?
No tenemos conocimiento de otro caso similar en algún juzgado penal, salvo el de la Paisana Jacinta, que lo llevamos a la Fiscalía de Prevención del Delito. Todavía está en proceso de investigación desde junio, es contra Frecuencia Latina por el delito de discriminación a través del programa televisivo. 
— En la web Alerta contra el Racismo, del Ministerio de Cultura, hay 82 reportes, ¿cómo se atienden?
Las competencias para investigar están -en el plano administrativo- en Indecopi, los ministerios de Trabajo, Educación, etc. En el plano penal, el Ministerio Público. Lo que hace Alerta contra el Racismo es colaborar con el agraviado principalmente y con la institución que tiene la obligación de investigar. Por cada caso reportado, el ministerio hace un informe legal para determinar si se trata de un caso de discriminación racial. Luego lo canalizamos a la institución correspondiente. Muchos casos al final terminan cambiando la figura del delito. Azucena ha formulado y diseñado la denuncia para que el agravio sea por discriminación racial.
— Las redes sociales son otro espacio de discriminación, ¿cómo se aborda el tema desde el ministerio?
Hemos trabajado una campaña de cómo denunciar situaciones de discriminación en las redes sociales. En la plataforma, encontramos un protocolo de qué hacer en cada una de las redes. Hemos trabajado con la empresa Facebook y, en caso haya una campaña de discriminación racial que es denunciada, la trabajamos juntos. 
— ¿Hay algún número de páginas eliminadas?
Por lo menos en mi registro, tengo unas cuatro páginas explícitas de discriminación sobre todo a personas afrodescendientes, que a través del trabajo conjunto con Facebook hemos podido eliminar. Pero en realidad, la lucha contra la discriminación racial implica una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Dato
Los casos de discriminación étnico-racial pueden ser reportados al sitio web alertacontraelracismo.pe o al teléfono 6189393, anexo 4159. 
Fuente: El Comercio

lunes, 16 de noviembre de 2015

El Perú es el segundo país con más ataques de un software malicioso


Nueva modalidad

El ransomware representa una nueva modalidad que está siendo cada vez más usada por los ciberdelincuentes. Se trata de un software malicioso empleado para secuestrar un equipo o ciertos archivos del mismo.

Lunes, 16 de noviembre de 2015

El Perú es el segundo país con más ataques de este tipo después de México. Así lo advierte ESET, empresa de seguridad informática, que analiza los tipos de malware que se utilizan en internet. “El ransomware se incrementa exponencialmente desde 2010 en Latinoamérica, debido a que 1 de cada 10 víctimas paga por el rescate”, afirma Denise Giusto, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Los delincuentes cibernéticos solían atacar con esta modalidad a los usuarios, pero desde 2014, precisa la especialista, hay un incremento de ataques a empresas.

Explicó que los usuarios no pueden acceder a documentos importantes de su equipo y los ciberdelincuentes exigen un rescate económico que puede llegar hasta los 15,000 dólares. En la mayoría de casos se proporciona una cuenta bancaria procedente de Panamá para la transferencia.

ESET 

inauguró  su primera oficina en el Perú, ubicada en La Molina.

RECOMENDACIONES

l Para evitar estos casos es necesario tomar medidas de prevención. 

l La primera sugerencia es actualizar siempre las aplicaciones empleadas en una computadora de escritorio o portátil. 

l Es requerido que estos softwares sean legales porque los programas ‘pirata’ podrían instalar malware.

l Se deben usar antivirus para enfrentar a estas amenazas. Los usuarios pueden realizar un backup de sus datos frecuentemente, evitar que las extensiones de sus archivos estén ocultas, y deshabilitar los archivos que se ejecutan desde las carpetas AppData y LocalAppData.

l Si un archivo sospechoso fue abierto por error, se puede prevenir la infección del equipo desconectándolo de internet. Es decir, se puede desactivar el wifi o retirar el cable de red.

Fuente: El Peruano

domingo, 15 de noviembre de 2015

Ejecutivo observó financiamiento público de partidos políticos

Contraposición. Congreso podría promulgar por insistencia la norma, que recién iba a ser aplicada a partir del 2017. Opinión delMEF habría pesado en decisión de rechazar iniciativa y devolverla al Legislativo.

Si bien el partido de Gobierno y el Congreso apostaron por el financiamiento público a los partidos políticos desde 2017, todo apunta que nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se impuso y opinó en contra; y es que se supo que el Ejecutivo observó la modificación de la ley que permite la entrega de recursos a las agrupaciones políticas.
 
Además, propuso que esta norma se mantenga como es actualmente, es decir, que la entrega de partidas estén sujetas a la disponibilidad de la caja fiscal; reduciendo así al mínimo la posibilidad de que en algún momento se haga efectiva.
 
El presidente Ollanta Humala también dejó en suspenso otras modificaciones de la Ley de Partidos Políticos, como la que elevaba la valla para las alianzas electorales, y la que permitía que los partidos que no participen en unas elecciones generales no pierdan su inscripción.
 
La ley observada precisaba que la distribución de fondos públicos para financiamiento partidario directo se iniciaría en el ejercicio presupuestal 2017, para cuyo efecto el MEF debía adoptar las acciones necesarias. Al respecto, el Ejecutivo indica que al MEF no le corresponde “realizar previsiones o acciones orientadas a la implementación de la distribución de fondos a partidos políticos”, e insiste en que se mantenga la norma como está.
 
Hay que recordar que en el Perú, debido a esta disposición transitoria de disponibilidad de caja fiscal, nunca se han entregado recursos a los partidos políticos. Estos fondos, según ley, deben ser utilizados para capacitación y vida partidaria. No para campaña.
 
Tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) respaldan la entrega de este dinero.
 
Expertos en la materia han insistido en que estos recursos ayudarían a darles mayor capacidad de manejo a las agrupaciones que hoy a atraviesan su peor momento, por una creciente pérdida de confianza y credibilidad.
 
El secretario de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, recordó que en octubre el Parlamento aprobó una modificación a la Ley de Partidos Políticos con "una cosa buena y muchas malas".
 
"Lo bueno era que autorizaba el financiamiento público directo a partir de 2017", destacó. Opinó que esta observación es preocupante porque revela "falta de voluntad para que se entregue dinero del Estado a los partidos".
 

Vigencia de la ley

Un aspecto que ha generado debate es qué pasará con esta ley, ya que debe regresar al Parlamento y este tiene la facultad de insistir y promulgarla. Sin embargo, como ya fueron convocadas las elecciones generales para el 10 de abril, no está claro que pueda ser aplicada para este proceso electoral.
 
Távara explicó que todo el conjunto de modificaciones no ha entrado en vigencia porque el presidente Humala devolvió el proyecto al Congreso.
 
"Considero que no se aplicará, más allá de que si se puede o no, porque ya está convocado el proceso y no es posible cambiar las reglas de juego antes que inicia el partido. Es lamentable", sentenció.
 
El abogado constitucionalista y ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren comentó que el Congreso tiene la facultad de aprobar una norma observada por el jefe de Estado, "por insistencia", como sucedió en el caso del Lote 192.
 
"Por ejemplo, está claro que el tema de financiamiento no se aplica en el acto sino para el próximo Gobierno", refirió. 
 

Reforma favorable

En cuanto a la reforma electoral hecha por el Legislativo, el titular del JNE, Francisco Távara, calificó lo avanzado como “favorable” porque se han aprobado siete leyes relacionadas con la materia política electoral como las de la "Hoja de vida de candidatos y la Ventanilla Única".
 
Advirtió, además, que tras la convocatoria para las elecciones publicada, oficializada  ayer con su publicación en la gaceta oficial El Peruano, “automáticamente opera el principio de neutralidad” para el gobierno central, los regionales y locales, y de prohibición de la publicidad estatal.
 

JNE espera una campaña alturada

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, saludó la convocatoria del presidente Ollanta Humala a las elecciones generales del 2016.
 
“Es muy conveniente que se haga al inicio del plazo. El presidente de la República tiene 30 días, la ley dice que puede convocarlo entre 120 y 150 días antes de las elecciones. En anteriores oportunidades se había hecho casi al final de los 30 días, creo que es la fecha más oportuna, hay que saludar esta decisión del Ejecutivo”, puntualizó en una entrevista radial.
 
Recordó que esta es la  cuarta sucesión de jefes de Estado en democracia en el Perú, por lo que es un hito trascendente y da un poco de tranquilidad al país.
 
“Esperamos que la campaña electoral se desarrolle de manera alturada, que se debatan planes de gobierno, ideas, y que no haya, o que disminuyan al mínimo, los agravios personales”, añadió.
 

El dato

Desde que se convoca a elecciones generales queda prohibida la publicidad estatal. Solo en caso de necesidad pública, como por ejemplo por el fenómeno El Niño, podrán hacerlo pero informando a los entes electorales. Esto también rige para los gobiernos regionales y municipales.

Fuente: La República