La que se anunciaba como una “fiesta de la democracia” se convirtió en un cóctel de incertidumbres para los votantes. A 21 días de los comicios, el panorama electoral podría volver a cambiar por los numerosos pedidos de exclusión en curso, lo que ha generado que hoy nadie esté seguro de que el candidato de su preferencia seguirá en carrera. En otras palabras, reina el caos, la duda y la confusión.
La misma situación afrontan los postulantes a vicepresidencias Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular), Carmen Omonte (Perú Posible) y José Luna (Solidaridad Nacional), así como los congresistas fujimoristas Kenji Fujimori y Gian Carlo Vacchelli.
A esto se suma que
Daniel Urresti (Partido Nacionalista) podría volver a tentar su ingreso a Palacio de Gobierno pese a que su rostro no aparece en la ficha de sufragio. Ello luego de que el Jurado Nacional de Elecciones dejara al voto un recurso de apelación que busca su reposición.
Además, aun cuando la suerte de dichos postulantes cambie, fuentes de la ONPE aseguraron a Correo que las cédulas de votación no serán modificadas porque “se hicieron teniendo en cuenta las actas que nos dio el JNE, que ya el 10 de marzo pidió dos días más de plazo”.
¿Y LOS CULPABLES? Frente a este escenario, diferentes analistas coinciden en que la atmósfera de inestabilidad electoral se debe a que el Congreso de la República incorporó una nueva legislación cuando ya se había convocado a elecciones.
El punto de partida, según el experto en temas electorales Julio César Castiglioni, es el artículo 42 de la modificación de la Ley de Partidos Políticos publicada en enero último. Allí se establece que la entrega de bienes o regalos es causal de exclusión.
Según su opinión, el problema radica en que dicha norma no fue reglamentada antes de ser aplicada. “Si la ley hubiera salido pero se hubiera diferido su vigencia, o si no hubiera salido, esto no estaría pasando”, expresó.
En ese sentido, Castiglioni destacó que la norma está bien elaborada, sin embargo, tiene “vacíos” y “falencias”.
“Hay muchos vacíos y hay falencias porque recién se está dando la norma. El Jurado Nacional de Elecciones va a tener que establecer criterios técnicos para su adecuada aplicación”, sostuvo.
Asimismo, declaró que el Parlamento actuó irresponsablemente al dejar en manos del JNE los efectos de la ley.
Como se recuerda, a fines de enero, el pleno del máximo órgano electoral le invocó al Legislativo que se pronuncie sobre los alcances de la reforma. En respuesta, su presidente, Luis Iberico, señaló que dicha tarea le correspondía a los magistrados.
“Esto también pasa por la soberbia de su presidente (Luis Iberico). El JNE le pidió que precisara el alcance de la norma y él, Iberico, dijo que la ley no tiene efecto retroactivo. Él es responsable de lo que está pasando; no previeron y ahora todo el mundo se está jalando los pelos”, precisó Castiglioni.
LA LEY ES MALA. Una reflexión parecida hizo el sociólogo y exdirigente de Perú Posible Luis Thais, quien acotó que la reforma electoral estuvo “mal elaborada”.
“Vemos que se ha dado una legislación bastante mala, no se ha podido hacer realmente un proyecto de ley de elecciones que sea lo suficientemente claro y que permita que el JNE sea predecible en sus decisiones y no que esté interpretando permanentemente qué hacer”, afirmó.
En esa línea, Thais consideró que tanto el JNE como los Jurados Electorales Especiales están tomando “decisiones políticas”sobre la suerte de los aspirantes presidenciales y congresales.
“El JNE trae como rémora que se puede apelar 20 veces. Vamos a hacer elecciones con un montón de procesos en marcha”, dijo, para luego realizar una invocación a los futuros parlamentarios a “hacer una nueva ley de elecciones generales”.
Por su parte, el abogado experto en temas electorales Diethell Columbus compartió la opinión de que los culpables son el Congreso, el gobierno de Ollanta Humala y las autoridades electorales.
“La culpa del Ejecutivo se da cuando el Congreso le remitió la ley y se demoró un montón en observarla y devolverla. Eso implicó que se retrasara la promulgación”, cuestionó.
Columbus también calificó de una “irresponsabilidad” que los cambios en la normativa se hayan impulsado en un año previo a las elecciones, pues -refirió- siempre es necesario aprobar leyes complementarias, y eso lleva tiempo.
SE DEFIENDEN. Consultado sobre el tema, el congresista Carlos Bruce hizo un mea culpa señalando que el Legislativo tiene “parte” de la responsabilidad. Pese a ello, recordó que el pleno promulgó la ley en octubre del año pasado.
“Reconozco que hubo algo de culpa, pero esta ley se promulgó en octubre. El Ejecutivo se tomó todo el tiempo para observar la ley y el Congreso tuvo que aprobarla por insistencia”, subrayó.
Sobre la postergación de la vigencia, calificó de equivocadas las apreciaciones de Castiglioni al sostener que la Constitución determina que las leyes entran en vigencia un día después de su promulgación.
“La consulta del Jurado fue ilógica e inconstitucional. (El Congreso) no tenía nada que explicar”, consideró.
De otro lado, el integrante de la bancada Frente Amplio-Acción Popular y miembro de la Comisión de Constitución, Víctor Andrés García Belaunde, opinó que existe un “caos electoral” y que no se puede “eximir de responsabilidad” a la institución legislativa.
“Creo que hay varias culpas. El Congreso no puede eximirse de responsabilidad en absoluto. Hay las culpas desde el Congreso, el Gobierno, la bancada del Gobierno y el Jurado Nacional de Elecciones, que se ha demorado y no opinó en su momento”, reconoció.
García Belaunde reveló además que las modificaciones de las leyes electorales empezaron a última hora porque los órganos correspondientes dilataron la entrega de sus propuestas a su grupo de trabajo.
“El Jurado ha actuado asesorado por ONGs que son muy teóricas y que han querido formalizar una entidad política de un país donde todo es informal”, respondió.
PRÓRROGA. Sobre la posibilidad de que se aplace la fecha de votación, los analistas y políticos consultados coincidieron en que es poco probable porque sería inconstitucional y afectaría la democracia.
No obstante, Ulises Montoya, integrante del Tribunal del Pacto Ético Electoral, expresó que sí existe este riesgo. Por ello, subrayó la importancia del pronunciamiento que el viernes firmaron los representantes de los partidos políticos para, entre otras cosas, demandar que se cumplan los plazos establecidos.
