CASO PETROBRAS

Muere en un accidente de avión un juez clave del caso Petrobras

El hijo de Teori Zavascki ha anunciado la muerte del magistrado responsable de las investigaciones en el Tribunal Supremo brasileño

AFONSO BENITES

Brasilia 19 ENE 2017 - 22:58 CET

El magistrado Teori Zavascki, de 68 años, que lideraba las investigaciones en el Tribunal Supremo brasileño del monumental caso Petrobras, ha muerto este jueves al caerse el avión en el que viajaba al mar de Paraty, en Rio de Janeiro. Ha sido su hijo, Francisco Prehn Zavascki, quien ha anunciado el fallecimiento en su propio Facebook, minutos después de confirmar también por la red social que su padre estaba en el vehículo accidentado. La Fuerza Aérea Brasileña ha añadido que el avión pertenece al hotel Emiliano, un lujoso complejo con sedes en São Paulo y Río de Janeiro. Al igual que el resto de magistrados, Zavaski estaba disfrutando de sus vacaciones estivales pero había decidido interrumpir el asueto para trabajar en el proyecto de mayor envergadura a su cargo: el caso Petrobras.

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Él era el instructor de la macrooperación que lleva dos años destapando centenares de casos de desvío de fondos públicos y sobornos entre la clase política. Entre ellos se encontraban aquellos políticos que gozan de aforamiento y solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo. De ahí que todos los ojos políticos del país siguieran siempre tan de cerca los pasos de este magistrado. También tenía el poder de homologar las llamadas "Acusaciones del fin del mundo": las decenas de confesiones recientes de ejecutivos de la empresa Odebretch, en las que han descrito con detalle cómo sobornaban a la clase política y qué favores obtenían a cambio.

Se esperaba que Teori Zavascki decidiese en febrero si daba por buenas estas confesiones que implicaban a centenares de políticos, incluido los núcleos duros del gobierno actual, de Michel Temer, y del anterior, de Dilma Rousseff.

Viudo desde 2013, Zavaski deja tres hijos. Uno de ellos, Francisco, había denunciado, en mayo de 2016 y en Facebook, que la familia recibía amenazas por la actividad profesional de su padre (ninguna sobre la integridad física del magistrado). "Es obvio que hay movimientos de tipos muy variados para frenar el caso Petrobras", escribió entonces.

¿QUÉ PASA CON EL CASO PETROBRAS AHORA?

A. B.

La muerte del magistrado Teori Zavascki puede provocar un retraso de meses en el caso de Petrobras en el Supremo.  El artículo 38 del reglamento interno de la Corte estipula que el trabajo debe ser heredado por el sustituto del finado; el sustituto de Zavascki tendrá que ser escogido por el presidente del gobierno, Michel Temer y, después, refrendado por el Senado. Por poner un ejemplo, la última vez que se hizo una sustitución en el Supremo el proceso duró 11 meses entre la jubilación de un juez y la aprobación de su sustituto.

Pero cabe la posibilidad de que el Supremo se valga de una laguna del reglamento, según la cual la presidenta del Supremo, actualmente Cármen Lúcia, puede decidir unliaterlamente quién investiga el caso Petrobras. Esto se debe a que el artículo 68, tal y como está redactado, permite que cualquier caso pueda cambiar de manos conforme dicte la presidenta.

Fuente: El País

Cuidado con el contagio: El pueblo reaccionan ante tanta corrupción

20 DE MARZO DE 2016

Por Edwin Brítez

Un juez que suspende las funciones de un ministro en el gabinete del Poder Ejecutivo suena extraño a nuestra costumbre paraguaya con respecto a la separación de los poderes del Estado.

Más que extraño, me atrevería a pronosticar que lo sucedido en Brasil, respecto a la decisión de la presidenta Dilma Rousseff de nombrar al expresidente Lula como su principal ministro, no podría aún ocurrir en Paraguay.

El juez argumentó que el nombramiento de la presidenta Rousseff estaba encaminado a obstruir una investigación judicial en curso. A consecuencia de este insólito fallo, Lula solo pudo ejercer por 40 minutos su frustrado cargo, inventado para blindarlo de una inminente sentencia judicial desfavorable que podría significar su prisión.

El acto de asunción al cargo de Lula fue más largo que su ejercicio en el cargo: menos de 40 minutos, y tal como lo vaticinó el líder del PT, su defensa frente a las investigaciones judiciales sobre hechos escandalosos de corrupción pasó a desarrollarse en las calles. En Paraguay, es el juez que dio la orden quien hubiera durado 40 minutos o menos en el cargo.

Miles de personas se lanzaron efectivamente a calles y avenidas para demostrar su apoyo a la justicia, pero también para demostrar su disgusto por lo que está sucediendo con Lula, a quien el líder de la izquierda paraguaya Fernando Lugo fue a visitar luego de su aprehensión.

Sin embargo, la cantidad de manifestantes indignados por la escandalosa corrupción durante los gobiernos del PT es infinitamente superior a los oficialistas, los cuales superan a los otros solamente en agresividad.

Lo que está sucediendo en Brasil es la fase terminal de una enfermedad llamada populismo, cuyo apogeo produce normalmente borrachera popular de alegría y sensación de poder mientras existan recursos para distribuir. Lula fue un eficiente distribuidor de estos recursos durante los dos períodos de gobierno que le cupo liderar, mediante lo cual el expresidente brasileño logró notoriedad mundial.

Cuando se agotan los recursos, las borracheras populistas terminan entregando generalmente los países convertidos en un caos, pero la novedad de este siglo es que los responsables de lo sucedido ya no se retiran tan tranquilamente a sus casas a disfrutar del fallido experimento. Ahora entran a tallar factores combinados, como la ciudadanía, la prensa independiente y la justicia para establecer culpabilidades.

En el caso de Argentina, la borrachera terminó y quienes recibieron la administración del país como herencia están tan ocupados en remendarlo que casi no les sobra tiempo para ir por los culpables, sobre cuyas desastrozas gestiones existen una larga bibliografía y abultadas carpetas de pruebas fiscales, además de varios elementos de investigaciones periodísticas que revelan la perversidad política y económica que desarrollaron.

Pero en otros casos, como en Venezuela y Brasil, la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar que los populistas lleguen a cumplir sus mandatos por los graves hechos de corrupción y de transgresión constitucional en materia de derechos cívicos y políticos desde el poder, porque esas cosas afectan su modo de vida.

En Paraguay estamos aún en la inamovilidad de una sociedad permisiva y en la siesta de un Poder Judicial todavía dependiente del poder político dominante.

Pero no se engañe la gente del poder político y sobre todo quienes están salpicados de corrupción y mentira al electorado, porque si bien el inmovilismo paraliza, esta enfermedad es curable y generalmente el enfermo se cura por contagio de lo que sucede en otra parte, pero generalmente cerca.

ebritez@abc.com.py

Fuente: abc de Paraguay

Jueces justicieros que sueñan con Watergate

El riesgo que corre el magistrado del ‘caso Lula’ es atender a la indignación política en la calle

DAVID ALANDETE

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20 MAR 2016 - 00:00 CET

El juez Sergio Moro, que investiga al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el escándalo de corrupción de Petrobras.FERNANDO BIZERRA JR. (EFE)

Poco hay de épico en el intento de regreso del expresidente Lula da Silva al Gobierno de Brasil. Su toma de posesión como ministro fue apresurada e incómoda, como si la historia se repitiera como trámite burocrático. Le resta valor al momento el hecho de que quienes hoy pisan los talones a Lula sean jueces, y no (en apariencia) adversarios políticos.

La justicia decidirá cuánto hay de cierto en las acusaciones de enriquecimiento ilícito que penden sobre Lula. El caso es qué justicia lo decide: la que presume la inocencia de todos los acusados o la que atiende solo a la indignación política en la calle.

El héroe de las multitudinarias manifestaciones contra el Partido de los Trabajadores es el juez federal Sergio Moro, que instruye la causa de desvío de fondos en la petrolera estatal. Este, convencido del papel que le ha asignado la historia, cita en sus autos el caso Watergate, paradigma de abuso de poder y caída de un presidente. Efectivamente, a las proporciones de ese gran escándalo recurría Moro para justificar la grabación y filtración de una conversación telefónica en la que la presidenta Rousseff le comunicaba a Lula que le enviaba el acta de ministro. “Úsala solo en caso de necesidad”, decía. Si firmaba ese acta, como hizo el jueves, Lula quedaba aforado y solo el Supremo podría juzgarle. Viendo cómo Lula se le escapaba de las manos, este magistrado parecía lanzar un mensaje a la desesperada: hagamos historia, que caigan.

A su rescate acudió otro juez federal, Itagiba Catta Preta Neto, que se apresuró a ordenar la anulación del nombramiento de Lula porque “la ostentación y ejercicio del cargo puede dar lugar a una intervención indebida y odiosa en la actividad policial del ministerio público”. Curiosa apelación, viniendo de este magistrado.

Hace un año, antes de las elecciones que volvió a ganar Rousseff, él mismo recomendaba: “Ayude a derrocar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y a Orlando. Si cae, el dólar también caerá”. “Fuera Dilma”, escribía en un selfie tomado en una manifestación. Y recientemente proclamaba en Facebook: “Lula puede ser ministro de Justicia. Estamos jodidos”.

Ahí queda la independencia judicial. A pesar de que las fronteras entre el activismo político y la justicia son tan difusas en el caso Lula, otro magistrado, del Supremo, decidió el viernes suspender su nombramiento de forma cautelar.

Moro puede seguir tras Lula, entonces. Es su papel. Cuando se vio obligado a explicar por qué filtró una conversación privada entre la presidenta y Lula, dijo que el “mandatario de la República no tiene privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones”, como demuestra “el precedente de la Suprema Corte norteamericana en US v. Nixon, 1974, un ejemplo a seguir”. Olvida que en el caso Watergate el que grabó subrepticiamente a sus adversarios era no un juez, sino el presidente, lo que le forzaría a dimitir. No es un mal ejemplo para un magistrado, especialmente si tiene ambiciones políticas.

Fuente: El País