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domingo, 5 de febrero de 2017

PPK: "Lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú"

PPK: "Lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú"

El presidente dijo que el líder de Perú Posible "debe ponerse a derecho y regresar al país para enfrentar a la justicia

05 de Febrero del 2017
 "Lo PPK: de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú"



El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo, este domingo, que el expresidente Alejandro Toledo es una "vergüenza" para el país, luego que la Fiscalía reveló que habría recibido sobornos de Odebrecht.
En una reciente entrevista a Radio W de Colombia, el mandatario dijo que el exlíder de Perú Posible "debe ponerse a derecho" y regresar al país para enfrentar a la justicia por las denuncias en su contra. 
"(Estoy) muy dolido por estas noticias del ex presidente Alejandro Toledo. Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto. Creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la fiscalía", expresó en diálogo con la radioemisora.
El mandatario destacó la labor de la Fiscalía en este caso e indicó que el gobierno los viene apoyando con fondos. "Si todo esto es cierto, (sería) una gran vergüenza, una traición al Perú y una falta de respeto a sus colegas que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno", agregó.  
Kuczynski aclaró que si hubiera "percibido cualquier cosa" durante la gestión de Toledo (2001-2006), cuando ocupó los cargos jefe del Gabinete Ministerial y titular de Economía y Finanzas, "no hubiera estado en el gobierno".
"Esas fueron cosas que, aparentemente, se negociaron fuera del Perú, en Río de Janeiro. Ciertamente, yo no estuve ahí y si hubiera sabido de esas reuniones, pues hubiera renunciado inmediatamente", enfatizó.
Finalmente, PPK afirmó que ningún funcionario de su gobierno está vinculado al caso Odebrecht. Precisó que a la fecha enfrentan la situación de proyectos que iba a realizar esta constructora, como el Gasoducto del Sur, pero que buscarán "relicitar y probablemente a reestructurar" estos para reducir sus costos.
Como se recuerda, fueron 35 millones de dólares los que Toledo le solicitó a la empresa brasileña a cambio de beneficiarlos con la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica, así lo confesó el exdirector ejecutivo de Odebrecht Latinvest Jorge Simoes Barata.
El ex funcionario de la empresa brindó esta información en el marco de la colaboración eficaz que viene prestando ante el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, quien investiga las coimas pagadas por diversas empresas brasileñas en el Perú.
El audio completo puedo escucharlo AQUÍ 
Fuente: diario Correo

viernes, 10 de junio de 2016

Verónika Mendoza responde a Keiko Fujimori: "No es odio, promovemos justicia y lucha contra la corrupción"

Verónika Mendoza responde a Keiko Fujimori: "No es odio, promovemos justicia y lucha contra la corrupción"


Lideresa del Frente Amplio se pronunció luego de que la excandidata presidencial criticara una “campaña de odio” desplegada en su contra.



Verónika Mendoza responde a Keiko Fujimori:
Verónika Mendoza responde a Keiko Fujimori: "No es odio, promovemos justicia y lucha contra la corrupción". (Mario Zapata)

La lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza, se pronunció este viernes luego de que Keiko Fujimori reconociera su derrota en las elecciones ante Pedro Pablo Kuczynski y señalara que “una campaña de odio” se sumó en la segunda vuelta contra su candidatura.
“No, Sra. Keiko Fujimori, no promovemos el odio, promovemos la justicia y la lucha contra corrupción y narcotráfico con los que usted hasta ahora no deslinda”, escribió Verónika Mendoza en su cuenta de Twitter.
En su discurso de hoy, Keiko Fujimori aceptó el triunfo de Kuczynski, pero cuestionó la campaña que se desplegó en su contra.
Fujimori dijo: “En la segunda vuelta se sumaron a nuestro opositor el poder político de este gobierno que se va, el poder económico y el poder mediático. El país ha sido testigo de una campaña que promovió el enfrentamiento entre peruanos que buscó y logró despertar odios y fanatismos, sentimientos que resienten la democracia”.
Como se sabe, Verónika Mendoza manifestó en todo momento su rechazó a la candidatura de la lideresa fujimorista. Incluso invocó a los electores a votar contra Keiko Fujimori y apostar por PPK.
Fuente: Perú 21

viernes, 15 de abril de 2016

Uber ofrece gratis su servicio en Argentina en medio de allanamientos y protesta de taxistas

EL MUNDO 15 ABR 2016 

La justicia ordenó a la empresa suspender su actividad en ese país inmediatamente por supuesto fraude fiscal por evasión de impuestos.
Por: AFP
Uber ofrece gratis su servicio en Argentina en medio de allanamientos y protesta de taxistas
Foto: AFP
La empresa de transporte privado Uber redobló la apuesta en Argentina para imponer su servicio y ofreció este viernes cinco días de viajes gratis,mientras la justicia allanó domicilios donde presuntamente funcionan sus oficinas tras suspenderla el miércoles.
"El objetivo es llegar a una sanción que puede ser la inhabilitación de esta empresa", dijo el fiscal Martín Lapadu al canal C5N tras ordenar allanamientos en procura de documentación.
"Buscamos documentos, elementos de computación o archivos informativos que puedan contener la metodología y estilo comercial de esta empresa", explicó Lapadu.
Este viernes cientos de taxistas protestaron al grito de "fuera Uber" en puntos estratégicos de la ciudad, provocando un caos de tránsito en un día de lluvia torrencial.
"La Procuración de la ciudad presentó hoy (viernes) una denuncia en nuestra fiscalía por evasión, que tiene pena de prisión de 2 a 6 años", agregó el fiscal.
Horas antes la empresa había publicitado a través de las redes sociales cinco días de viajes gratis para sus clientes, como respuesta a la decisión judicial del miércoles de  suspender su actividad y a la intimación de la comuna de la capital argentina.
"La semana que viene vamos a avanzar sobre la aplicación y la plataforma", prometió el fiscal al indicar que se buscará bloquear la aplicación informática.
La justicia también avanzará sobre las tarjetas de crédito con las que opere Uber y sobre los socios inscriptos.
El fiscal consideró que "la participación necesaria de las tarjetas de crédito resulta evidente y si no cesan en esta actividad es muy probable que se las cite".
"Uber publicita que tiene 18.000 asociados registrados, sería importante conocer quiénes son para que declaren en la causa", dijo el fiscal que espera conocer los nombres en la documentación y computadoras que se secuestren.
De acuerdo al fiscal, le puede caber una pena de "inhabilitación por 2 años para Uber, pero también para el chofer de Uber".
El vicealcalde de la ciudad, Diego Santilli, admitió que "hubo una reunión" entre funcionarios y representantes de la empresa.
"Les dijimos: dentro de la ley sí, fuera de la ley no lo podemos permitir. Necesitamos que se acojan a la ley", dijo al canal TN.
El jueves la comuna aplicó una multa de 77.000 pesos ((5.100 USD) a por lo menos dos autos de Uber que fueron descubiertos 'in fraganti', transportando pasajeros.
La empresa, una multinacional de transporte desregulado e informático,no está registrada ni tiene dirección en la capital argentina, lo que implica fraude fiscal por evasión de impuestos, sostienen las autoridades.
"Defendé tu #DerechoAElegir, ¡Viajá en Uber y todos tus viajes serán gratis!", publicó Uber en su cuenta Twitter.
Santilli replicó que el tipo de operaciones que ofrece la empresa "es ilegal".
La prensa local dijo que Uber tiene 25.000 choferes registrados, recibió 20.000 pedidos de viaje en su primer día el martes último y hubo 90.000 descargas de la aplicación para teléfonos.
La justicia de Buenos Aires suspendió a la empresa con una medida cautelar al darle la razón a sindicatos y propietarios de 38.000 taxis que presentaron un amparo contra lo que consideran "competencia desleal".
Fuente: El Espectador

martes, 29 de marzo de 2016

Construir un nuevo derecho penal


TRIBUNA


¿Por qué las víctimas –directas o indirectas- de un delito no poseen ni voz ni voto en un proceso al que fueron arrojadas por una situación que no buscaron?
En los vericuetos de la historia del Derecho penal, las autoridades del Estado se adjudicaron la atribución de estipular qué delitos debían ser calificados de acción pública. Y esas mismas autoridades asumieron el rol de parte perjudicada en los actos que ellas mismas ya habían tipificado de delito, deviniendo entonces juez y parte. De manera tal que, desde fines del siglo XIII, el Derecho penal se ocupó principalmente de las “infracciones” que concernían primero al rey y más tarde al Estado y a la cosa pública, depreciando aquellas que interesan sólo a los particulares.
Así fue como desde el derecho que dirimía la violencia del particular contra el Estado, se saltó al derecho que dirime la violencia del Estado contra el particular. La llamada “violencia institucional” es heredera de esa concepción que no contempla la violencia del particular contra el particular.
Pero dicho reduccionismo no es inocuo: cuando el Estado abandona el ejercicio del poder de retaliación, con ese gesto el individuo regresa al Estado de naturaleza, hipótesis teórica confirmada empíricamente con el incremento de la justicia por mano propia. El ideario bastardo de un “buenismo” progre pasa por alto que si esas vidas hubiesen sido protegidas por el monopolio de la fuerza punitiva del Estado, no habrían sido el blanco de la venganza privada.
El principio formal de la justicia, atribuido tradicionalmente a Aristóteles, establece que «los iguales han de ser tratados con igualdad». Y por su pretendida neutralidad, la dogmática penal estipuló la paridad de condiciones para el victimario y la víctima. Pero se trata de una falsa paridad acuñada por un pecado de origen: ¿cómo es posible poner en un pie de igualdad al asesino con el muerto? De un lado el victimario recita el catecismo del perdón y del arrepentimiento a sabiendas de que los buenistas le acortarán la pena. Y del otro el silencio ominoso de una ausencia omnipresente que sobrevive en los enlutados.
La asimetría no termina allí: el abolicionismo y hasta el liberalismo penal quiebran esa ya falsa paridad y, en nombre de las garantías constitucionales, asignan un defensor letrado oficial al acusado cuya función es protegerlo, mientras que eliminan del proceso a los familiares de la víctima. Estos quedan librados al buen (o mal) oficio del fiscal, quien actúa como un abogado de parte ―de la sociedad en este caso―, y cuya función se reduce a convencer al juez de quién y por qué se violó la norma. Por añadidura, el fiscal puede o no acompañar al querellante. El derecho, entonces, se vuelve una carga hacia la víctima pues ésta debe recurrir a un querellante particular.
En este escenario construido en el siglo XVIII, la víctima se descubre confrontada a un Estado que sólo protege las garantías del victimario. Sumergida en una orfandad procesal, es una “convidada de piedra” en el proceso y una excluida durante la ejecución de la pena, aun cuando en la excarcelación del victimario pueda jugarse el derecho a su propia vida, garantía constitucional que el derecho no contempla.
A la luz de la experiencia, la justicia ganará credibilidad cuando los jueces no se pierdan en unificaciones de pena con sumatorias que violan las leyes de la matemática con el único fin de justificar la imposición de penas menores que permitan condenas en suspenso o libertades condicionales anticipadas.
La necedad es tan obvia que los operadores jurídicos se valen de chicanas procesales y los jueces suelen argumentar en sus sentencias justificando con la norma lo que la norma no dice, incluso cuando se cuenta con grabaciones de cámaras de video y con las pruebas genéticas del ADN del victimario extraído de la escena del crimen. Mientras la pena sea una no-pena (beneficios, excarcelaciones, etc.) que proteja al victimario y no atienda al bien lesionado, la justicia recaerá en debilidades argumentativas y sentencias que violentan el sentido común. Si se retoma la función retributiva de la pena, no solo se hará justicia pagando con la cárcel perpetua la ausencia perpetua de quien no tiene ya voz.
El derecho penal moderno gesta, entre sus principios, el de proporcionalidad de las penas. Pero la única proporción posible con un homicidio es la pena de muerte. Esa práctica degradante de toda comunidad ética se desterró de las legislaciones actuales pero crece a sus espaldas con la retaliación privada. ¿Cómo renovar el derecho sin caer en la demagogia impunitiva que se resuelvede facto con la venganza privada?
Remedando a Kant, Zaffaroni paradójicamente nos “despertó del sueño dogmático”. Si como repitió el ex juez de la Corte Suprema argentina, “el Estado ha confiscado a la víctima su conflicto, invocando el bien común”, con los derechos humanos de última generación ¿no llegó el momento de que la víctima se reapropie de su conflicto en el marco de la ley? No sólo por el bien común. También por Justicia.
Mientras tanto, la sociedad carga el legado de gestar una Justicia Justa. La construcción de un nuevo paradigma penal, proveniente de un derecho acorde a los valores del nuevo milenio, es el desafío pendiente.
* Diana Cohen Agrest es Doctora en Filosofía y Ensayista. Miembro de la ONG Usina de Justicia.
Fuente: El País

domingo, 20 de marzo de 2016

Jueces justicieros que sueñan con Watergate

El riesgo que corre el magistrado del ‘caso Lula’ es atender a la indignación política en la calle


El juez Sergio Moro, que investiga al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el escándalo de corrupción de Petrobras.FERNANDO BIZERRA JR. (EFE)


Poco hay de épico en el intento de regreso del expresidente Lula da Silva al Gobierno de Brasil. Su toma de posesión como ministro fue apresurada e incómoda, como si la historia se repitiera como trámite burocrático. Le resta valor al momento el hecho de que quienes hoy pisan los talones a Lula sean jueces, y no (en apariencia) adversarios políticos.
La justicia decidirá cuánto hay de cierto en las acusaciones de enriquecimiento ilícito que penden sobre Lula. El caso es qué justicia lo decide: la que presume la inocencia de todos los acusados o la que atiende solo a la indignación política en la calle.

El héroe de las multitudinarias manifestaciones contra el Partido de los Trabajadores es el juez federal Sergio Moro, que instruye la causa de desvío de fondos en la petrolera estatal. Este, convencido del papel que le ha asignado la historia, cita en sus autos el caso Watergate, paradigma de abuso de poder y caída de un presidente. Efectivamente, a las proporciones de ese gran escándalo recurría Moro para justificar la grabación y filtración de una conversación telefónica en la que la presidenta Rousseff le comunicaba a Lula que le enviaba el acta de ministro. “Úsala solo en caso de necesidad”, decía. Si firmaba ese acta, como hizo el jueves, Lula quedaba aforado y solo el Supremo podría juzgarle. Viendo cómo Lula se le escapaba de las manos, este magistrado parecía lanzar un mensaje a la desesperada: hagamos historia, que caigan.
A su rescate acudió otro juez federal, Itagiba Catta Preta Neto, que se apresuró a ordenar la anulación del nombramiento de Lula porque “la ostentación y ejercicio del cargo puede dar lugar a una intervención indebida y odiosa en la actividad policial del ministerio público”. Curiosa apelación, viniendo de este magistrado.
Hace un año, antes de las elecciones que volvió a ganar Rousseff, él mismo recomendaba: “Ayude a derrocar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y a Orlando. Si cae, el dólar también caerá”. “Fuera Dilma”, escribía en un selfie tomado en una manifestación. Y recientemente proclamaba en Facebook: “Lula puede ser ministro de Justicia. Estamos jodidos”.
Ahí queda la independencia judicial. A pesar de que las fronteras entre el activismo político y la justicia son tan difusas en el caso Lula, otro magistrado, del Supremo, decidió el viernes suspender su nombramiento de forma cautelar.
Moro puede seguir tras Lula, entonces. Es su papel. Cuando se vio obligado a explicar por qué filtró una conversación privada entre la presidenta y Lula, dijo que el “mandatario de la República no tiene privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones”, como demuestra “el precedente de la Suprema Corte norteamericana en US v. Nixon, 1974, un ejemplo a seguir”. Olvida que en el caso Watergate el que grabó subrepticiamente a sus adversarios era no un juez, sino el presidente, lo que le forzaría a dimitir. No es un mal ejemplo para un magistrado, especialmente si tiene ambiciones políticas.
Fuente: El País

lunes, 24 de noviembre de 2014

La corrupción de Petrobras sacude Brasil

La corrupción de Petrobras sacude Brasil

Los arrepentidos revelan a la justicia el rastro de sobornos de la mayor empresa pública latinoamericana



Una manifestante contra la corrupción el pasado 15 de noviembre. / AP
El sistema es simple, diabólico y eficaz: un acusado de corrupción ve rebajada su pena si delata a otros implicados que, a su vez, se pueden acoger al mismo trato, con lo que el caso se ramifica hasta el infinito. Es la manera que tiene el juez brasileño Sérgio Moro de remontar el rastro de la millonaria corrupción que atraviesa de arriba abajo la mayor empresa pública de Latinoamérica, la petrolera Petrobras, y que sacude el país.
Los ingredientes del caso son infinitos: contratos de millones de reales amañados, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas, cuentas bancarias repentinamente vaciadas para que no sean embargadas, arrepentidos que se avienen tras pagar 30 millones de euros, maletines con billetes que vienen y van, aviones privados llevando para acá y para allá sumas mareantes de dinero, un tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) implicado en la trama e intermediarios que se entregan tras pasar días ocultos de la policía. Y, además, varios de los mayores empresarios del país, presos en el mismo penal acusados de soborno, compartiendo cárcel y destino con el delator, Alberto Youssef, que todo lo sabe y todo lo cuenta…
El sonoro sobrenombre que la Policía Federal de Brasil puso a la última fase de la operación, el Juicio Final, es sintomático. Todo gira ahora en Brasil en torno a esta gigantesca empresa pública y a las revelaciones ponzoñosas que llegan cada mañana.
Hay, por el momento, 16 detenidos. El exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y dos directivos de una empresa suministradora, adscritos todos al programa de “delación premiada” (rebaja de pena a cambio de delatar al resto), cumplen condena en su casa. Los otros 13 (empresarios, directivos, altos ejecutivos, otro exdirector de Petrobras y el cuarto delator, el cambista Alberto Youssef) habitan juntos un penal de Curitiba. Youssef, eso sí, en celda aparte: su abogado no las tiene todas consigo sobre su integridad física, dado que se ha convertido en el blanco a abatir.
Todos están acusados de alimentar un esquema archiconocido: losaltos cargos de Petrobras recibían sobornos por parte de las empresas a fin de asegurarse los contratos. Figuras marginales se movían de un lado a otro con maletines para engrasar una máquina que llegó a mover más de 10.000 millones de reales (más de 3.300 millones de euros). Nadie sabe la suma real. Las empresas implicadas tenían (y tienen) contratos por valor de 60.000 millones de reales (20.000 millones de euros). ¿Pero cuánto se queda por el camino? ¿El 10%?, ¿el 20%?, ¿el 50%? El exdirector Costa y el cambista Youssef aseguran que los partidos políticos, entre ellos el PSDB y el PT de Lula y Dilma Rousseff, se llevaban su parte, que ascendía al 3%.
Petrobras, con sus 86.000 empleados, no es una empresa cualquiera: refina el 98% de la gasolina que se consume en Brasil, comercia con cerca de 20.000 empresas que le surten de todo tipo de productos y ella misma es responsable de un décimo de todas las inversiones que se acometen en Brasil. De ahí que al Gobierno, noqueado por la crisis, además de la repercusión política del caso le preocupe la resaca económica e, incluso, la social. De las diez mayores empresas de ingeniería y construcción del país, sólo dos no están envueltas en el escándalo Petrobras. De ahí que haya quien asegure que existe un riesgo cierto de que se paralicen las principales obras públicas en marcha; en una palabra: que el país se pare. Así lo aseguró el jueves José Costa Neto, el presidente de la principal empresa eléctrica brasileña, Eletrobras, controlada por el Gobierno. Ese mismo día, el gobernador de Paraíba, Ricardo Coutinho, tras una entrevista con la recientemente reelegida Dilma Rousseff, añadía: “La presidenta está preocupada sobre qué va a pasar con las obras. Y yo, como gobernador, también. Imagínese lo que significaría ahora paralizar, por ejemplo, la construcción de los canales de São Francisco”.
Uno de los abogados de los detenidos aseguraba esta semana, después de visitar a su cliente, que el soborno era inevitable: “Si no, no salía la obra. Si alguien desconoce esto, desconoce la historia de este país”. El empresario Ricardo Semler, de 55 años, en una reciente columna en Folha de São Paulo titulada Nunca se roubou tão pouco(Nunca se robó tan poco) escribe: “No siendo del PT y sí tucano [del PSDB, partido del liberal Aécio Neves, que perdió las últimas elecciones ante Rousseff] quiero dejar claro que esta ola de encarcelamiento de ejecutivos es un paso histórico para este país. Nuestra empresa dejó de vender equipamientos a Petrobras en los años setenta. Era imposible vender directamente sin soborno. Lo intentamos de nuevo en los años ochenta, noventa e incluso recientemente. En 40 años de persistentes tentativas, no hicimos nada”.
Otro abogado de los detenidos, al ser preguntado sobre las consecuencias últimas del caso, respondió: “No sé dónde va a acabar esto”. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, en una reciente entrevista a Folha de São Paulo, añadió: “Esto es como un reguero de pólvora. Cuando uno comienza a hablar, el otro dice: ‘¿Qué pasa: que todo va a ser para mí?’. Y ahí mismo comienza a hablar a su vez”.
Las ramificaciones políticas son imO Globo, ha recomendado a la presidenta esperar antes de designar el nuevo y largo equipo ministerial al completo a fin de asegurarse de que ninguno de los elegidos está implicado en el caso.
previsibles: Costa y Youssef acusan directamente al tesorero del PT, João Vaccari, de llevarse sobornos para sufragar las campañas políticas de su partido. También han señalado a otros intermediarios de otros partidos. Mientras, la presidenta Rousseff, en Brasilia, capea el temporal como puede, sin dejarse ver mucho, abrazándose a la tesis que ya defendió durante la campaña, consistente en asegurar que bajo su mandato se investiga y se persigue la corrupción. A su favor está el hecho incontrovertible de ver en prisión a empresarios hasta hace poco intocables. El fiscal general lo dijo de forma clara en la entrevista citada: “Antes, aquí en Brasil existía la justicia de las tres pes: puta, preto [negro, en portugués] y pobre. Desde hace unos años ya no es así”. El expresidente Lula, mientras tanto, según
Fuente: El País