martes, 27 de octubre de 2015
Nos preguntamos, cómo es posible que ante tantas personas en prisión por corrupción, además del escarnio personal y familiar que provoca esta situación, mucha gente aún continúe inmerso en estos actos; la respuesta parece ser uniforme, “la corrupción es buen negocio”, y en efecto parece que así lo fuera.
Un análisis elemental, costo beneficio, nos demuestra que muchos corruptos, ponen en la balanza: años de privación de libertad versus estatus económico. En ese cálculo se considera las penas de nuestro Código Penal, por delitos de corrupción, entre 8 y 15 años, los beneficios penitenciarios y la posibilidad de salir bien librado por deficiencias en el sistema penal, purgando una carcelería efectiva de 4 o 5 años, bien vale la pena el riesgo, porque asegura económicamente al corrupto.
Entonces es preciso cambiar de estrategia en la lucha contra la corrupción. Según la experiencia internacional, se debe despojar al corrupto de todo lo que tiene, primero recuperar lo ilícitamente obtenido y segundo indemnizar con sus otros bienes el daño al Estado.
La sanción por actos de corrupción no solo debe ser la prisión sino el despojo de otros bienes. Los sistemas de defensa judicial del Estado, en todas partes, miden además su eficiencia, en dos rubros:
(i) cuánto se benefició al Estado económicamente al lograr indemnizaciones por el comportamiento ilegal de los ciudadanos; y (ii) qué porcentaje de las deudas a favor del Estado fueron cobradas; no interesa cuántas personas enviaron a prisión o no, pues eso incluso origina gasto al Estado y encima no se recupera el producto del delito, haciendo muy bueno el “negocio” para el corrupto.
Así, si vemos que una persona imputada de corrupción, además de ausentarse, retorna en situación económica extrema, habremos entendido que ello no es un buen “negocio”.
Fuente: El Peruano
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