No pidamos más peras al olmo, por Juan Paredes Castro

Fondos de partidos se manejan en muchos casos como fondos personales, e involucrados buscan evitar que investiguen su origen.

(Foto: El Comercio)

Sabemos que los fondos de los partidos políticos se manejan en muchos casos como fondos personales y en cuentas personales, y que encima los involucrados pretenden evitar que el Congreso y la fiscalía investiguen el origen y movimiento de los mismos. El Partido Nacionalista y su dirigencia son un clarísimo ejemplo de ello. ¿No es legítimo, entonces, pensar en una reforma electoral que privilegie la competencia fiscalizadora y sancionadora de la ONPE para, precisamente, no llegar a la criminalidad política que hoy nos espanta y al elevado grado de impunidad que la rodea?

Sabemos también que no hay democracia interna real y efectiva en los partidos políticos, y que el voto preferencial es su principal escollo, además de la resistencia a que la ONPE y el JNE puedan supervisar las elecciones de cuadros y candidaturas mediante el sistema de un militante un voto.

El sistema de elección por delegados no encierra una pizca de democracia. ¿Acaso aquí, como en el primer caso, no resulta urgente una reforma capaz de evitar que el voto preferencial lleve al Congreso, revestidos de cinismo e impunidad, a indeseables personajes, y que la representación legislativa sea una de las más pobres de la historia?

Todos los partidos, sin excepción, tienen vela de culpabilidad que encender en este entierro y más todavía aquellos, como el fujimorismo, que defienden ciegamente una unicameralidad que no es ni representativa ni eficiente. Sin la Constitución del 93 no habríamos tenido tantos años de crecimiento económico, pero es innegable que ella necesita de reformas sustantivas en los campos político, policial, fiscal y judicial.

Con un paso así, en perfecto aterrizaje, enfrentaríamos mejor la inseguridad ciudadana y jurídica, la desconfianza en los poderes públicos y las distorsiones flagrantes en el ejercicio de la PCM y de la propia presidencia de la República, que han rebajado visiblemente el principio de autoridad en el país.

No tengo el optimismo de Luis Iberico, de que el Congreso vaya a sacar siquiera un par de reformas en la legislatura que queda. Quizá, en un desafío extremo, pueda hacer obligatoria la declaración de origen de los fondos partidarios y sancionables los actuales incumplimientos a la ley. ¿Pero habrá autoridad moral en la bancada humalista para apoyar una medida como esta, contra la actitud autoritaria de la señora Nadine Heredia de poner un manto de impunidad a las cuentas del Partido Nacionalista y a las suyas propias?

De ahí que comparto, más bien, el escepticismo del politólogo Carlos Meléndez. Creo, como él, que no debemos perder más tiempo pidiendo peras al olmo y ganarlo mejor en la carrera por un debate que nos conduzca, en el 2016, a un terreno reformista institucional más fértil.

Mientras tanto que Iberico vea qué milagros hace en un Congreso pobrísimo en voluntad política y peor en consensos para cambiar ciertas cosas.

Con impedir que la institución parlamentaria vuelva a ser el otro cuartelito del señor Humala y la señora Heredia, ya es bastante.

Publicado en el diario El Comercio el 16/08/2015