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Los fiscales tienen un papel importante en la pérdida de confianza de las comunidades de color ante los abusos policiales. Muchos de ellos manipulan el Gran Jurado en casos donde un policía balacea a un civil, de manera que el oficial sea exonerado de de todo delito. Esto surge de un conflicto de interés que desemboca en una frustrante impunidad.
El caso controversial más reciente es el del niño Tamir Rice en Cleveland, Ohio, que murió a manos de los policías Timothy Loehman y Frank Garmback. Ambos agentes fueron exonerados por un Gran Jurado de matar a un menor con un arma de juguete. Se asevera que la intención de la fiscalía al presentar las prueba era proteger a los policías. De ser así, este no es un caso aislado, sino la norma.
El sistema de Gran Jurado está diseñado para ser un instrumento de los fiscales. Ello deciden que pruebas presentar y cuales no y pueden interrogar testigos sin ser refutados como en un juicio. Ellos tienen el control total de la narrativa y de lo que ve el Gran Jurado bajo un ambiente de secreto absoluto. El resultado de acusar de un delito a un individuo depende del compromiso del fiscal para hacerlo o no hacerlo.
El fiscal es un funcionario electo que trabaja diariamente con la policía en resolver casos, además de recibir apoyo político y de dinero de los sindicatos del orden para su campaña electoral. A la hora de tomar casos en donde un policía balea un civil, otros intereses pesan más que el compromiso del fiscal con la sociedad.
Esta es una violación ética a las normas de la Barra Americana de Abogados que se ignora, dejando la vía legal para hacer cambios. En California a partir de este año está prohibido usar el Gran Jurado para casos de policiales, mientras que en Connecticut y Pensilvania el Gran Jurado ya no existe por obsoleto. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo quiso hacer cambios hasta chocar contra el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York que veía su poder cercenado.
El sistema actual de Gran Jurado en vez de dar confianza, hoy crea más dudas. Su sistema secreto, sus fiscales que siguen sus intereses propios y la resultante exoneración, aumenta la desconfianza general de que sea capaz de hacer justicia.
Fuente: La Opinión
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