CAN ANTICORRUPCIÓN LANZA SPOT

Promueven valores en los servidores y ciudadanos

La Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción presentó el spot de la Campaña de Valores #PeruanosdeVerdad, la cual busca promover valores entre los servidores públicos y ciudadanos, a fin de generar cambios para acabar con la corrupción.

 
 

13/7/2016

El anuncio hace un llamado a reflexionar de manera crítica sobre algunas prácticas cotidianas asentadas entre los ciudadanos y también en el ejercicio de la función pública, las cuales afectan la moral, la ética y la integridad. El objetivo es tomar conciencia de la necesidad de que cada ciudadano empiece a generar el cambio que requieren las instituciones y el país.

Reporte de avances

El titular de la CAN Anticorrupción y fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentó el reporte de los avances en la agenda con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Informó sobre la exitosa presentación de la delegación peruana ante el Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE, la cual emitirá en los próximos meses su decisión sobre la solicitud de adhesión del Perú como miembro pleno con derecho a voz y voto.

Se informó, además, sobre la implementación de las 25 comisiones regionales anticorrupción (CRA), así como las próximas Reuniones Anticorrupción del APEC, que se desarrollarán del 15 al 19 de agosto en Lima.

Durante la sesión N° 25 de la CAN Anticorrupción fue presentado el spot, acto presidido por Sánchez, y contó con la presencia del titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; los presidentes del Congreso, Luis Iberico; y del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda. También participaron el contralor general de la República, Edgar Alarcón; el ministro de Justicia, Aldo Vásquez; y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila.

Asistentes

la Coordinadora General de la CAN Anticorrupción, Rosmary Cornejo Valdivia, estuvo en la presentación del spot, al igual que la presidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Edwin Licona.

asistieron tambien los representantes de los gobiernos locales y de las universidades, del sector empresarial y la sociedad civil, como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros.
Fuente: El Peruano

 Opinión >Entrevista.21

Gino Costa: "Podríamos adelantar el aumento a los policías"

Jueves 28 de abril del 2016 | 07:10

“Restituir el 24×24 es una propuesta electorera, hecha con cálculo político para obtener el voto de los policías. En el año 92, Fujimori instauró este sistema que destruyó la naturaleza pública y gratuita del servicio”.

(Piko Tamashiro)

Ricardo Monzón

@rmk_04

La viabilidad del sistema policial 24x24 ha polarizado el debate electoral en los últimos días. En esta entrevista, Gino Costa , del equipo de Peruanos por el Kambio (PPK), explica por qué este régimen no se debe restituir.

¿Cómo califica la propuesta de Fuerza Popular de restituir el sistema 24x24?
Es una propuesta electorera, hecha con cálculo político para obtener el voto de los efectivos policiales y de la familia policial. Creo que, además, volver al 24x24 sería un retroceso de 24 años. En el año 92, Alberto Fujimori instauró este sistema que destruyó la naturaleza pública y gratuita del servicio policial, y que es, en buena medida, responsable por la ausencia de vigilancia policial en los barrios y calles del país.

¿Con esta propuesta reivindican las políticas del antiguo régimen fujimorista?
Sí, están reivindicando una de esas políticas, que fue nefasta, porque para atender las necesidades del personal policial se sacrificó la seguridad ciudadana y se condenó a los peruanos a una situación de indefensión, porque con el 24x24 solo acceden al servicio policial quienes pagan por él. Y, por tanto, las grandes empresas y los ricos tienen acceso al servicio, pero el resto de los ciudadanos, y sobre todo los pobres, no lo tienen. El 24x24 es un sistema de discriminación.

¿Esta propuesta arrima a Fuerza Popular a la derecha de ustedes?
Sin lugar a dudas, porque favorece a las grandes empresas y a las empresas de seguridad privada, que tienen la posibilidad de contratar policías bien formados y armados con el dinero público para ponerlos al servicio de quienes pagan, perjudicando al resto de la ciudadanía, que no tiene las mismas posibilidades. Por eso es que el 75% de los barrios en el Perú no cuenta con vigilancia policial.

Me decía que era una propuesta electorera. ¿Cree que la apliquen o solo la lanzan para captar votos?
Dicen que es una medida temporal, pero, cuando fue presentada en el 92, también se hizo con ese fin y duró 24 años. Nosotros no estamos en condiciones de retroceder. Nosotros, frente al malestar policial, proponemos mejores remuneraciones. En PPK vamos a cumplir con el quinto aumento programado a fin de año y, luego, paulatinamente, incorporar al básico las remuneraciones hechas a través de bonos no pensionables, y que esos ingresos sean permanentes.

¿Los bonos no pensionables cuándo pasarían a ser parte de la remuneración?
Una parte de esos bonos ya ha ido al básico, pero la mayor parte no. Nosotros pensamos que en dos o tres años pueden terminar de pasar al básico, en función de la disponibilidad de la caja fiscal. Esa es nuestra propuesta. Somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo adicional por completar la mejora de las remuneraciones.

¿Hasta que los bonos no pasen al básico, cómo piensan compensar a los policías?
Con un quinto aumento que se haría efectivo a fines de año, en diciembre. Incluso, estamos viendo la posibilidad de que ese aumento se pueda adelantar.

¿A cuándo?
Lo antes posible, para poder cerrar este tema… Y tampoco estamos pensando esperar hasta el 2019 para que los bonos vayan al básico, sino que lo iremos haciendo gradualmente.

¿Es posible que este aumento se dé el 28 de julio?
Sí, pero yo no puedo adelantar eso porque estamos estudiando esa posibilidad.

Usted dijo que en PPK saben de qué recursos se dispone para evitar que regrese el 24x24.
En PPK nos proponemos incrementar de manera significativa el presupuesto policial. Pasando del 1.3% del PBI al 2.3%. Una parte importante de ese incremento estaría destinada a mejorar las remuneraciones, otra parte a todo lo que es la mejora de las condiciones de bienestar, y una tercera al equipamiento, infraestructura, conectividad y las comunicaciones.

¿Han calculado cuánto pierden los policías por no poder trabajar para particulares en su día libre?
Mira, un policía recién salido de la escuela, de 20 años, hace cuatro años salía ganando S/1,450; hoy está ganando S/2,826. Es decir, el 100% de aumento. La idea era que el aumento permitiera reemplazar el ingreso que los policías tenían por hacer servicios a privados. Lo que pasa es que el gobierno nunca les dijo a los policías que, llegando estos ingresos, se prohibiría que trabajen aparte. No se les dijo que lo hacían para compensar.

¿Entonces no pierden nada?
Tienen más que antes, porque no tenían los S/1,450 que se les ha aumentado. Antes, aun trabajando el día de franco, tenían menos de lo que tienen ahora. Pero ellos planificaron que tendrían todo, no que les quitarían algo. Ahí está el malestar.

¿El gobierno engañó a los policías al no decirles que les quitarían el 24x24?
No creo que fuera engaño; el gobierno se equivocó de estrategia comunicacional.

¿Será ministro del Interior de ganar Pedro Pablo Kuczynski las elecciones?
Eso es posible, pero es una decisión que tendrá que tomar Pedro Pablo en caso de ganar las elecciones. Ahora el objetivo es el triunfo el 5 de junio. Después ya veremos.

AUTOFICHA

■ “He sido presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), viceministro del Interior y ministro del mismo sector. Entre 2004 y 2006 fui jefe del Área de Seguridad del Instituto de Defensa Legal (IDL). He sido electo congresista por Lima por Peruanos por el Kambio (PPK)”.

■ “Que el fujimorismo quiera ganar el voto policial con una medida de esta naturaleza no significa que lo vaya a lograr. Creemos que los policías son conscientes, son ciudadanos, viven la inseguridad y quieren una Policía fuerte, a tiempo completo”.

■ “Yo habría eliminado el sistema 24x24 primero en algunas regiones. Con eso se podía reorganizar de a pocos el sistema policial. Eliminar el 24x24 no es poca cosa, es el punto de partida de la reorganización, reforma y refundación de la Policía. Sin eso no puedes hacer nada”.

Fuente: Perú 21

Guatemala declara la guerra a su mayor enemigo: la corrupción

A pocos días de estrenar gobierno, el país pide ayuda a los ciudadanos para cuidar los fondos públicos

• ESPECIAL Termómetro económico y social de América Latina

JOSÉ BAIG Washington 9 ENE 2016 -

¿Qué más pueden hacer los países ante este flagelo?

La corrupción es el tema del momento en Guatemala. Con un expresidente, su ex vicepresidenta y varios funcionarios de alto nivel enjuiciados por este delito, el país –con el apoyo de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala- parece haber decidió plantarle cara a uno de sus principales problemas.

La elección que siguió a la renuncia del presidente en septiembre del año pasado también reflejó este espíritu en el país. De hecho, el slogan de campaña del ganador en la contienda –el comediante Jimmy Morales- fue “ni corrupto, ni ladrón”, en alusión al hecho de que hasta ser electo jamás había ocupado ningún cargo público ni de elección popular.

Pero más allá de las campañas, ¿qué pueden hacer los países ante este flagelo?

De acuerdo a una reciente editorial publicada por Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica, “reducir la corrupción requerirá de una mezcla que combine tanto incentivos como un mayor énfasis en el cumplimiento de la ley” dice.

Para ello, el directivo resume lo que esto implica en algunas recomendaciones para los países:

• Evaluar sus marcos regulatorios para distinguir entre normas que están justificadas desde el punto de vista del interés público y las que están obsoletas o simplemente benefician a ciertos grupos de interés.
• Considerar el marco regulatorio desde una perspectiva administrativa. Un marco regulatorio bueno podría estar mal aplicado (a causa de procedimientos engorrosos o de personal poco calificado) o ser implementado fuera de tiempo, lo cual podría llevar a un aumento de costos para el sector privado. En este sentido, la simplificación administrativa, junto con una administración pública más profesionalizada, puede ser una herramienta eficaz para reducir el costo y mejorar la eficacia de las normas, al tiempo que aumentaría el cumplimiento y reduciría el poder de los funcionarios para pedir sobornos.
• Mejorar el sistema judicial para aumentar la probabilidad de penalizar a todos los involucrados en un acto de corrupción, lo que aumentaría el costo por entrar en ese tipo de acuerdos irregulares. “Un sistema judicial creíble, además de reducir la corrupción, aumenta la probabilidad de cumplimiento de las normas” establece López.
• Por último, los países pueden buscar soluciones por el lado del cumplimiento de la ley, como aumentar los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las normas e incrementar las multas y sanciones para quienes infrinjan las leyes.

A raíz de este último, surge una campaña, apoyada por el Banco Mundial, que describe el problema de la corrupción en términos muy claros (“cada quetzal que se pierde en corrupción, es un quetzal que se le quita a una mujer embarazada”) y ofrece varias opciones de cómo los ciudadanos pueden apoyar el trabajo de fiscalización de los fondos públicos.

Esta iniciativa llega en un momento en que la tolerancia de los guatemaltecos con la corrupción parece estar en su nivel más bajo.

También envía un claro mensaje al nuevo gobierno que toma posesión la semana que viene, y del que se esperan acciones contundentes contra la “desaparición de fondos públicos”, calculada entre el 12 y el 24% del presupuesto anual de Guatemala, según las fuentes de la campaña.

* José Baig es editor online del Banco Mundial. Con la colaboración de Victoria Ojea.

Fuente: El País

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Ciudadanos propone pagar y proteger a quien denuncie corrupción

ELECCIONES GENERALES 2015

El partido ultima su propuesta electoral con medidas que faciliten denunciar a los corruptos

JUAN JOSÉ MATEO Madrid 4 SEP 2015

Luis Garicano, a la izquierda, y Albert Rivera. / CLAUDIO ALVAREZ

Ciudadanos propondrá en su programa electoral que los miembros de la administración que denuncien casos de corrupción política gocen de inmunidad, vean protegido su anonimato jurídicamente y reciban una compensación económica proporcional al delito descubierto. Para ese caso, el partido maneja la cifra del 10%, aunque la cantidad todavía no ha quedado fijada, según fuentes consultadas. El partido aún estudia si los coautores del delito podrían acogerse a esas medidas en caso de confesar ante la policía.

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La formación, que incluye en sus estatutos la expulsión de cualquier afiliado y cargo imputado por corrupción política, presentará el miércoles sus propuestas para luchar contra esa lacra en un acto en el que participarán, entre otros,Luis Garicano, catedrático de laLondon school of economics, yAlbert Rivera. Ciudadanos lleva meses trabajando en unas propuestas en las que Elisa de la Nuez, abogada del Estado, ha tenido un papel capital. Muchas de las medidas están marcadas por la actualidad. En los despachos de la formación no han pasado desapercibidos casos como el de la funcionaria que denunció la trama Gürtel en Boadilla (Madrid), y que ha sido “machacada”, según definen desde el partido. “Por eso la confidencialidad y la protección de los insiders dispuestos a sacar la información son cruciales”.

Ciudadanos quiere prohibir las donaciones a los partidos y sus fundaciones de empresas que contratan con la administración; y hacer a las formaciones políticas responsables subsidiarias de la corrupción de sus integrantes. Además, su programa electoral también incluirá medidas para proteger al ahorrador frente a los fraudes y la posible manipulación de los mercados financieros.

Fuente: El País

La seguridad en Colombia: Debate organizado por El Espectador

BOGOTÁ 21 MAYO 2015 

Responden cinco candidatos

¿Cómo pensar la seguridad en Bogotá?

En el debate que organizó El Espectador coincidieron en la necesidad de más pie de fuerza, pero los énfasis de cada uno son diferentes.

Por: Carlos Hernández Osorio

Carlos Vicente de Roux, candidato de la Alianza Verde, y Clara López, del Polo Democrático Alternativo. María Mercedes Maldonado, precandidata progresista; Enrique Peñalosa, que irá por firmas, y Francisco Santos, del Centro Democrático. /Luis Ángel - El Espectador

Desde sacar a la calle a policías retirados hasta financiar un cuerpo de fiscales que se encargue de investigar los delitos callejeros, pasando por intensificar las labores de inteligencia y trabajar con jóvenes vulnerables para evitar que se metan en el mundo del delito. Las propuestas que los candidatos a la Alcaldía de Bogotá lanzan para mejorar la seguridad en la ciudad, conforman un menú variado a partir del cual marcan diferencias y similitudes. Cinco de ellos participaron en un debate sobre el tema que convocaron El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y Fescol.

 

La discusión se dio en una coyuntura propicia: a comienzos de esta semana se conocieron los resultados de la encuesta de percepción Bogotá cómo Vamos, en la que, entre otros puntos, se concluyó que en la capital solo el 17% de los ciudadanos se sienten seguros, cifra que la puso en último lugar frente a las otras diez ciudades evaluadas. Por otra parte, en los últimos meses hubo hechos de inseguridad particularmente sensibles, como la seguidilla de explosiones a comienzos de año y los atracos en buses de Transmilenio y el SITP.

 

Hubo un par de coincidencias entre todos los candidatos: Bogotá, que cuenta con casi 20.000 policías, necesita más pie de fuerza. También, que en la ciudad operan bandas criminales y estructuras de crimen organizado que es necesario atacar. Las diferencias se notaron en la forma cómo gestionarían ese personal y atacarían los problemas, sobre todo porque difieren en los diagnósticos sobre cómo está la seguridad.

 

Francisco Santos, que este domingo será ungido como candidato oficial del Centro Democrático, y Enrique Peñalosa, que irá por firmas, concuerdan en un balance negativo. El primero no duda en afirmar que “Bogotá está en manos de la delincuencia”, al punto que “se encuentra en los niveles en que estaba Colombia en 2002”. Peñalosa, más contenido, pone el foco en otra parte: “Bogotá es la ciudad del desorden y la mugre y eso es campo fértil para la delincuencia”.

 

La propuesta de Santos es drástica: primero, atender tres prioridades: el transporte público, corredores claves que comprenden zonas de rumba y parques, y enfocarse en los delitos violentos. Y para esto involucrar con la policía cívica a policías retirados cuyo trabajo lo complementen militares. “Así como el presidente Uribe fue el primer soldado de Colombia, seré el primer policía de Bogotá y aquí llegará la seguridad democrática urbana”, sentenció.

 

El exalcalde Peñalosa, además de atacar el desorden y la suciedad, propone contrarrestar las estructuras criminales organizadas con “inteligencia sofisticada y nuevas normas”. En su concepto, mejorar la seguridad “es indispensable para mejorar la movilidad, pues la gente que tiene carro sentirá desconfianza de usar el transporte público, y se desincentiva la inversión que trae empleo”.

 

Clara López (Polo Democrático), Carlos Vicente de Roux (Alianza Verde) y María Mercedes Maldonado (Progresistas), aunque aceptaron carencias, no hicieron énfasis en un panorama tan negativo. De hecho, la candidata progresista, en la línea del discurso del alcalde Gustavo Petro —de cuya entraña proviene—, contradice a Santos y a Peñalosa cuando afirman que la alta percepción de inseguridad coincide con la realidad. Para Maldonado, sí hay una diferencia “y las cifras demuestran que los indicadores de Bogotá son mejores que en el resto del país”; además, que en la mala percepción influye el manejo que los medios le dan a la información. Su propuesta tiene como eje el complemento entre lo preventivo, por medio de acciones sociales, y lo restrictivo, que sería lo policial.

 

López y De Roux también hicieron énfasis en este último punto y mencionaron aparte la necesidad de modificar el Código de Policía. La candidata del Polo, en caso de que la elijan, le pedirá al Congreso que le otorgue facultades al Concejo para que lo haga. El aspirante verde considera que el Código de Bogotá es “bastante pedagógico” y requiere nuevas contravenciones.

 

Sobre la estrategia ante las estructuras delincuenciales organizadas, López propuso dar un viraje a las funciones de la Comisión Antiterrorista, en la que tienen asiento Nación y Distrito, con el fin de que cambie su enfoque antisubversivo a uno en el que dé prioridad a estrategias para contrarrestar el microtráfico. De Roux piensa que la lucha contra las grandes bandas es competencia del Gobierno Nacional, mientras que las formas de expresión delincuencial que afecten al ciudadano de a pie, como el hurto y robo a residencias, deben atacarse desde la Secretaría de la Seguridad, que propone crear.

 

Rafael Pardo, precandidato de los partidos Liberal y la U, aunque fue invitado, no asistió por inconvenientes de agenda.

 

Aunque es arriesgado afirmar tajantemente que hubo dos bandos enfrentados, pues al fin de cuentas cada candidato trató de diferenciarse del resto, sí es cierto que el espíritu de lo que cada uno propuso permitió ver coincidencias, por ejemplo, entre Santos y Peñalosa, al punto que el exvicepresidente le dio la bienvenida al exalcalde a la “seguridad democrática urbana”. Cabe recordar, sin embargo, que en la convergencia que ha convocado Peñalosa para ganarle a Clara López no ha invitado nunca al Centro Democrático de Santos.

 

Faltan dos meses para la inscripción de los candidatos y aún hay tiempo de alianzas, algo que se determinará dependiendo de la fuerza de cada cual. Por ejemplo, se conoció el resultado de la más reciente encuesta de la firma Datexco, que da como ganador a Enrique Peñalosa con 21,8% de la intención de votos. Lo siguen Pardo, con 18,8%, y López, con 16,7%. Santos marcó 4,9%; Marta Lucía Ramírez, que aún no ha anunciado si será candidata, 4,1%; Carlos Vicente de Roux, 1,7%; el progresista Hollman Morris, 1,5%; Álex Vernot, del Partido Conservador, 0,4%, y María Mercedes Maldonado, 0,2%.

 

El debate sobre seguridad sirvió, por lo pronto, para inyectarle más contenido a una campaña que, pendiente aún de la definición de algunos candidatos, se ajusta y se decanta a diario.

 

 

 

chernandez@elespectador.com

Fuente: El Espectador

Multas a electores omisos serían cobradas de cuentas bancarias

El JNE recurrirá al cobro coativo si los ciudadanos que no sufragaron en octubre pasado se niegan a cancelar su deuda

Los ciudadanos que no votaron ni integraron las mesas de votación deben pagar su multa. (Foto: Archivo El Comercio)

Los ciudadanos que no sufragaron o no integraron las mesas de votación en las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre pasado tienen hasta 22 días hábiles, desde el momento de su notificación, para cancelar su multa electoral. De no hacerlo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recurrirá al cobro coactivo.

El elector omiso no podrá disponer del dinero de sus cuentas bancarias hasta que realice el pago. De ser necesario, el banco dispondrá la transferencia del dinero –incluyendo los intereses y gastos procesales ocasionados– a las cuentas del JNE.

Una vez cancelada la deuda, el organismo electoral procederá a solicitar el levantamiento de la cuenta embargada en un plazo de 24 horas.

A partir de hoy, el JNE empezará a enviar a la dirección que figura en el DNI del omiso una carta conminándolo a pagar e indicándole que tendrá un plazo de 15 días hábiles para hacer el trámite en el Banco de la Nación.

Si el ciudadano se resiste al pago, el JNE hará una segunda notificación con un plazo adicional de 7 días hábiles. Luego de ello se procederá a la cobranza coactiva.

Fuente: El Comercio