Datum dice que hoy denunciaría a García

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Edición Impresa del 07 de Marzo de 2016

Manuel Torrado, fundador de la encuestadora Datum, rechazó las acusaciones del candidato Alan García, quien aseguró que en la campaña del 2006 le ofreció ayudarlo en los sondeos de opinión pública previo pago de US$ 800 mil.

En declaraciones a ‘Cuarto Poder’, Torrado, quien padece esclerosis lateral amiotrófica que le impide caminar y hablar con claridad, dijo que García realizó la denuncia en su contra para tener mayor presencia mediática en vista de que su candidatura no crece en las encuestas.

“Me dolió mucho (que lo acusara) porque (Alan García) era mi amigo. Lo conocí en París cuando no era nadie”, dijo apesadumbrado.

Tras indicar que jamás hizo esa proposición al ex mandatario, señaló también que él le da miedo “porque tiene un ego muy fuerte”.

Por otro lado, negó haber recibido pagos de Vladimiro Montesinos en los tiempos del fujimorismo y señaló más bien que él mismo fue en silla de ruedas al juicio que se desarrollaba en la Base Naval, pero el ex asesor no repitió en su presencia esa denuncia.

Por su parte, la gerente general de Datum, Urpi Torrado, aseguró que hoy presentará la denuncia contra el líder aprista por difamación y que piensa llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Fuente: La República

Ni el hocicón hace eso...

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Edición Impresa del 03 de Marzo de 2016

La denuncia de Alan García contra encuestadora Datum.

No deja de sorprender que los políticos que con más energía critican al periodismo sean los que lanzan las denuncias más audaces pero con menor sustento probatorio.

Augusto Álvarez Rodrich

Es el caso del ex presidente Alan García con su denuncia contra Datum: “En más de una ocasión el papá de ella [Urpi Torrado] se ofreció a ayudarme en la campaña y ayudarme también con los datos de la campaña solo que a cambio de US$800 mil”, algo que habría ocurrido, según la denuncia, hace una década.

Datum, por su parte, ha exigido las pruebas de la denuncia y anunciado que “las declaraciones del candidato García son difamatorias, razón por la cual llevaremos este caso ante los tribunales”.

El ex presidente replicó señalando que un testigo de la reunión en la que se habría producido el ofrecimiento indebido es el ex canciller José Antonio García Belaunde, pero hasta el jefe de redacción de El Hocicón de Pelotillehue –‘diario pobre pero honrado’– pediría pruebas contundentes antes de autorizar la publicación de tremenda denuncia.

Aun si fuera cierto lo que señala el candidato aprista, para acusar se necesitan pruebas. Los periodistas podemos saber muchas cosas pero hasta el menos experimentado del oficio sabe que solo se puede divulgar lo que se pueda demostrar cabalmente, y ese es el problema que ahora tendrá García en los tribunales con esta contradenuncia por difamación, donde su punto más favorable será el control tradicional que se habla que tiene el Apra en el Poder Judicial.

La ‘denuncia’ de García quizá se pueda entender –pero no justificar– por el estado al borde de un ataque de nervios por el que atraviesa, lo cual lo lleva a exigir condiciones particulares para dar una entrevista periodística, responsabilizar a los medios de su desventura electoral, y acusar a encuestadoras sin pruebas.

Es extraño, además, que alguien tan desprestigiado como García no se dé cuenta de que su palabra no basta, porque tiene un grave problema de credibilidad en la ciudadanía. 

Es curioso, en este contexto, que los integrantes de la ‘Alianza Impopular’ –el Apra y el PPC– se aferren al resultado de la encuestadora Idice –que muchos la conocen como ‘Idice-Alan’– en la que el candidato aprista aparece en segundo lugar. 

En todo este momento tan enrarecido por hechos como los descritos, un hecho positivo es la suscripción reciente de un acuerdo entre cinco medios –La República, El Comercio, Panamericana, América y Latina– a partir de una iniciativa que consta de doce principios de buenas prácticas periodísticas de cobertura electoral, impulsada por Ipys, Idea Internacional y la Unión Europea.

Quizá al ex presidente García le hubiera convenido leer ese documento antes de lanzar su ‘denuncia’.

Fuente: La República

Silencio cómplice

Nota de Edición: Cada vez que se inicia una nueva administración municipal al igual que en las campañas electorales surgen una serie de denuncias contra la administración y autoridades que han terminado su período; lo cual revela dos cosas:

• 1.-  que los denunciantes hacen el ridículo al ventilar públicamente estas irregularidades en vista que estas  deberían haber sido detectadas y denunciadas en el momento de la transferencia del cargo realizada en el mese de noviembre y diciembre; y
• 2.- que de ser ciertas las irregularidades, deberían orientar sus "esfuerzos fiscalizadores"  denunciando y exigiendo ante el Ministerio Público y Poder Judicial,  para que se sancione ejemplarmente a los responsables.

 
Lamentablemente como siempre a ocurrido, pasado el tiempo las autoridades que ahora denuncian irregularidades  y corrupción guardan silencio para que quede en el olvido, o ¿por algún motivo que en algún momento llegaremos a conocer se convierten en cómplices dando vuelta a la página?.
 
 
A continuación reproducimos una de las tantas denuncias que la actual administración del Alcalde Luis Castañeda Lossio ha sido publicada en el diario La República:

32 patrulleros, 25 motos y 41 cámaras de video se encuentran inoperativos



En el cercado de lima. Equipos de vigilancia ubicados en puntos estratégicos del distrito no funcionan desde el pasado 8 de diciembre debido a que no se cumplió con pagar a la empresa encargada. Vehículos no habían recibido mantenimiento adecuado. 
          
Eduardo Salinas Y.
La seguridad en el Cercado de Lima se encuentra vulnerable. Desde el lunes 8 de diciembre, 41 cámaras de videovigilancia no funcionan, debido a que la gestión de Susana Villarán, según denunciaron, no cumplió con realizar el pago a la empresa encargada de prestar este servicio.

Además, los agentes del Serenazgo de Lima desde hace varios meses no pueden utilizar 32 patrulleros, 25 motos y más de 100 bicicletas porque se encuentran inoperativos al no haber recibido el mantenimiento respectivo.

 Estas unidades servían para el patrullaje en los puntos críticos del distrito.

"Al llegar a la gerencia encontramos 41 cámaras de videovigilancia que están desconectadas; eso no quiere decir que están malogradas, pero no están dando el servicio de vigilancia debido a una deuda que llega a un millón 600 mil soles con la empresa SICE, la cual prestaba el servicio de soporte técnico a las cámaras", declaró la teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez.

La funcionaria señaló que 18 cámaras de videovigilancia se ubican en puntos estratégicos del Cercado como la zona comercial de Mesa Redonda y el Mercado Central; mientras que las restantes están en la zona del Centro Histórico. "Pudo haber ocurrido una desgracia y no se tenían los medios para la vigilancia a distancia ni la coordinación rápida para atender cualquier emergencia", dijo Juárez, y agregó que durante la gestión de Susana Villarán no se llegó a dotar al serenazgo del sistema de radio troncalizado de última generación tecnológica que se había anunciado.

Agregó que se hará una evaluación legal de lo que se ha encontrado en términos del contrato sin vigencia y acerca de la deuda generada por incumplimiento del pago.

Unidades abandonadas
El actual gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, Abdul Miranda, acompañó a Patricia Juárez en un recorrido por el local de dicha gerencia municipal, donde se encontraron unidades abandonadas desde hace varios meses.

 "Estos 32 patrulleros presentan fallas leves, no cuentan con pastillas de frenos, tienen daños en los radiadores y amortiguadores", comentó.

El gerente de seguridad afirmó que actualmente el personal de serenazgo cuenta solo  con 75 patrulleros para vigilar la ciudad de Lima, por lo que, dijo, van a evaluar cuánto será el presupuesto que necesitarán para habilitar la mayoría de las unidades inoperativas.

Como se recuerda, muchos de los patrulleros y motos mencionados fueron adquiridos por la gestión de Villarán.

Habla la contraloría 
La Contraloría General de la República recordó ayer que el titular de esta institución, Fuad Khoury, advirtió en agosto último la situación ilegal en el servicio de videovigilancia del municipio de Lima. "Los funcionarios ediles no priorizaron en los Planes de Contratación 2013-2014 los recursos para garantizar la continuidad del servicio".

"Hasta junio del 2013 una empresa privada estaba encargada del servicio de videovigilancia. Continuó trabajando sin contrato ni licitación y evitando libre competencia", explicó Fuad Khoury.
Sobre este tema, el general (r) Eduardo Pérez Rocha sugirió investigar a la empresa SICE, ya que instala las cámaras de vigilancia y su servicio se adjunta con el mantenimiento de los equipos.

Antes estas acusaciones, el actual regidor por Diálogo Vecinal, Augusto Rey, precisó que desconocía que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima no funcionen. "Hay una intención evidente de hacer creer que el municipio se encuentra en quiebra y zozobra (…) Ellos quieren construir esta historia para gobernar sin ninguna oposición", señaló.