En algunas de las ciudades con más homicidios en el continente aplican, con éxito, fórmulas distintas a la “mano dura”
JOSÉ BAIG Washington 16 FEB 2015 - 02:52 CET
Niños en un centro recreativo en Cali, Colombia. / ISABELLE SCHAEFER
Es un debate recurrente en los medios de comunicación y las campañas políticas de los países más afectados por la violencia delictiva: hay que aplicar más “mano dura”, ser más implacables e incluso considerar la posibilidad de la pena de muerte para los casos más graves.
Pero algunos gobernantes locales de América Latina están demostrando en sus propias jurisdicciones que usar la violencia para reducir la violencia no siempre es la mejor opción. Y que a veces con medidas simples, prácticas y de muy bajo costo, se pueden lograr resultados positivos.
Durante una visita a la sede del Banco Mundial, en Washington, tres alcaldes de ciudades consideradas entre las más violentas de la región compartieron sus fórmulas poco convencionales para resolver un problema que en muchos países afecta principalmente a los jóvenes y es la primera preocupación de los ciudadanos.
Desde hace un tiempo, esta institución viene considerando a la inseguridad ciudadana como uno de los grandes temas de desarrollo a futuro, y trabaja junto a los gobiernos de los países, pero también en estados y municipios para apoyar enfoques diferentes y soluciones prácticas e innovadoras al tema de la violencia.
Epidemiología de la violencia
Un ejemplo es Rodrigo Guerrero, alcalde de la ciudad colombiana de Cali, quien en sus dos periodos como gobernante local (1992-1994 y 2012-2015) ha aplicado sus conocimientos de médico epidemiólogo para tratar las altas tasas de homicidios en su ciudad de la misma forma que lo harían con una enfermedad de origen desconocido.
“Es un método que yo llamé ‘Epidemiología de la Violencia’ y que ya se aplica en varias ciudades de Colombia y también en otros países”.
Este análisis científico de la realidad hizo que las autoridades tomaran distintas medidas en distintas zonas. En algunos lugares se mejoró el alumbrado público, en otros se prohibió la venta de alcohol después de determinadas horas, en otros más, se aumentó la presencia policial.
El desafío para Guerrero cuando aplicó este método por primera vez hace más de 20 años fue demostrar que eso que él pretendía tratar como una epidemia, efectivamente pudiera erradicarse.
“Cali tenía una tasa de 126 asesinatos por 100.000 habitantes, cuando yo entré estaba en 83, ahora está en 62. Es una tasa de homicidios que todavía consideramos inaceptable, pero la vamos a seguir bajando, porque ya sabemos cómo atacar el problema juiciosamente”, explica Guerrero.
Guerrero afirma que su mayor éxito, sin embargo, no es Cali, sino Bogotá, pues los alcaldes que le sucedieron en su ciudad no aplicaron sus métodos, pero en la capital colombiana sí siguieron sus recomendaciones durante tres periodos seguidos y bajaron la tasa de homicidios de 80 a 18 por 100.000 habitantes.
Prevención y empleo
Un desafío similar tuvo Alexander López, alcalde de la localidad de El Progreso, en el norte de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, uno de los puntos por donde pasa buena parte de la cocaína en ruta hacia los Estados Unidos.
En una zona dominada por el narcotráfico, en uno de los países más violentos del mundo, a muchos les pareció una osadía que la ciudad pusiera en práctica lo que llamaron el “Plan 80-20”, que consiste en un 20% de medidas coercitivas (uso de la fuerza policial, sanciones, etc.) y un 80% de medidas de prevención.
“Hemos recuperado 350 espacios públicos y se ha trabajado en mejorar el alumbrado público, hemos creado 5.000 microempresas, hemos reducido el horario de locales nocturnos como las discotecas”, enumera López entre las acciones que constituyen el 80% de prevención.
“El simple hecho de reducir el horario hasta las dos de la mañana nos ha ayudado a disminuir los índices de violencia”, explica.
Su colega, “Tito” Asfura, alcalde de Tegucigalpa, insistió en que la inseguridad es la suma de distintos problemas como el acceso a agua y saneamiento, a guarderías y a clínicas, entre otros. “Se trata de temas que al final repercuten en la gente. La suma de muchas cosas”, afirmó.
“El problema de la inseguridad es, sobre todo, de falta de trabajo”, dice Asfura. Solo el año pasado su gobierno invirtió 24 millones de dólares en capacitar a más de 1.500 microempresarias y otras acciones destinadas a promover el empleo.
Esta relación entre generación de empleo y reducción de la violencia se puso de manifiesto también en El Salvador durante la implementación de un programa para generar empleo entre la gente joven que se puso en marcha en 2008. “Aunque si la mitigación de la violencia no era el objetivo del programa, donde lo ejecutamos notamos una caída en la violencia”, explica Humberto López, director para América Central del Banco Mundial.
Para López, combatir el crimen y la violencia requiere de más esfuerzos en el que se crucen las variables y los datos relacionados con empleo, necesidades sociales, estadísticas de criminalidad, “para dar seguimiento al número de homicidios, dónde ocurren, y cotejar esa información con otras variables para entender mejor el motivo de la violencia”.
Con esa idea en mente, el Banco Mundial apoya en Honduras la creación de un Observatorio de la Violencia, en colaboración con algunas universidades y el gobierno de ese país.
Fuente: El País
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