Según Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a los combatientes, en zonas de enfrentamiento armado, retener periodistas, porque con su trabajo público de información suelen disminuirse las atrocidades de la guerra. Comenta, además, la etapa crítica de la Comisión Interamericana, que desaparecería por inanición financiera.
En la zona en que estuvieron Salud Hernández y dos reporteros de televisión, hay presencia permanente del Eln. A la luz del derecho a la libertad de expresión, ¿es válida la estrategia de ese grupo de impedir la movilización de los periodistas aunque no hubiera tenido la intención de hacerles daño?
Sea como sea, se trata de un secuestro de periodistas protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, es un crimen internacional.
¿Cualquier secuestro de reporteros es un “crimen internacional”? ¿Por qué?
Un secuestro siempre es un crimen, pero si se produce en el contexto de un conflicto armado es, además, una violación al Derecho Internacional Humanitario, es decir, a las reglas de la guerra. Los periodistas tienen una especial protección en estos contextos, porque es gracias a la prensa y a la divulgación pública de las operaciones bélicas que se logra disminuir su impacto o su crueldad, debido a que tienen efecto de control social.
¿Cree que esos tres secuestros tendrán impacto en la mesa de La Habana aunque las Farc no tengan relación con este hecho específico?
Si la intimidación a la prensa es grave en términos generales, es mucho más grave cuando el país afronta unas conversaciones de paz, aunque quien intimide no sea uno de los actores del proceso. Un acuerdo de paz es valioso si conduce a la reconciliación, fortalece el Estado de derecho y disminuye la violencia. Por eso es urgente que exista una vigorosa deliberación y eso exige más, y no menos prensa. La violencia contra los periodistas, en este sentido, atenta contra el derecho de la gente a saber, afecta la confianza ciudadana, la propia deliberación y dificulta las bases para una genuina reconciliación.
Independientemente de la feliz conclusión de este episodio, habría una gran diferencia entre estar secuestrado o haber pactado un encuentro reservado para hacer un trabajo de reportería. En este último caso, ¿encontraría usted censurable si un periodista guarda reserva sobre el encuentro para hacerle un reportaje a la guerrilla o a uno de sus jefes?
En la disyuntiva que usted plantea, hay varios temas para examinar por separado. Por una parte, es absolutamente razonable que un periodista que va a hacer un reportaje en una zona dominada por la violencia, mantenga cierta prudencia sobre las gestiones que adelanta. De otra manera sería imposible que pudiera hacer su trabajo. Por otra parte, ese tipo de reportajes son esenciales para que las personas puedan conocer lo que pasa en las zonas alejadas. Me sorprende que la gente alegue que los medios no reportan los sucesos en las regiones más violentas, pero que cuando una reportera va, justamente para informarnos, haya quien le reproche su “imprudencia”. Lo que necesitamos, a mi juicio, es más protección para que la prensa pueda hablar desde esos sitios y contar las historias de los desaparecidos, de los líderes de tierras, de los asesinatos de defensores de derechos o de los niños que mueren de hambre. Yo agradezco a los periodistas que se juegan la vida para mostrarnos la complejidad de las violencias que no vemos desde Bogotá.
Pero, ¿se deben tener en cuenta o no las advertencias de las autoridades en estados débiles como el nuestro, en que el gobierno no puede garantizar el control territorial en un 100 %?
Es relevante recordar que existen protocolos de protección estatal y autoprotección. Es muy útil que los reporteros y los medios conozcan esos dos tipos de protocolos, aunque en algunos casos es muy difícil aplicarlos.
¿Cómo deben protegerse los civiles que estén en zonas de conflicto armado, de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH que usted dirigió?
La Relatoría ha descrito las obligaciones estatales para proteger la prensa en situaciones de conflicto social. A mayor complejidad del conflicto, mayor dificultad de protección y mayor importancia de las reglas de autoprotección que han desarrollado, en especial, las organizaciones defensoras de la actividad, como el Comité de Protección de Periodistas, a nivel global, y como la FLIP, en Colombia.
¿Cuánta responsabilidad, más allá de la obvia –el Estado debe resguardar la vida de todos sus residentes–, le cabe al gobierno Santos por el secuestro temporal de los tres reporteros?
El Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones seguras para que la prensa pueda operar e informar adecuadamente. Pero en este caso, no creo que exista evidencia que permita afirmar que el gobierno incurrió en omisiones específicas o en actuaciones indebidas originadas en las posiciones críticas de Salud Hernández. Por el contrario, me parece que el hecho desató un mecanismo humanitario de rescate que, al menos hasta donde se sabe, condujo a la liberación de los periodistas.
Timoleón Jiménez, “Timochenko”, lanzó un trino el viernes en que decía textualmente: “Hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano. Esas prácticas deben terminar para siempre en Colombia. La paz impone su libertad”. Para algunos, este mensaje es ofensivo y cínico. Para otros, esperanzador por la evolución democrática que implicaría. ¿Usted cómo lo interpreta?
Está claro que las Farc han sido uno de los más importantes protagonistas de las violaciones a la libertad de expresión en el país en las últimas décadas, pero si estamos en un proceso de paz, es justamente para que eso cambie. El trino puede ser una manifestación de ese cambio. Lo que echo de menos es que estas manifestaciones de la guerrilla no estén acompañadas de alguna forma de reconocimiento del dolor que causó. En todo caso, si las Farc van a hacer una apuesta por la democracia, es mejor que comprendan que uno de los elementos centrales de ella es la libertad de prensa y que la obligación del Estado es protegerla y, en particular, proteger a sus críticos y disidentes.
La CIDH y usted misma han llamado la atención sobre las difíciles condiciones en que la prensa del continente ejerce su profesión. ¿Colombia ha mejorado en esta materia a partir del inicio de los procesos de paz con las guerrillas?
Pese a que existen actos de intimidación y distintas formas de violencia contra la prensa, lo cierto es que en los últimos diez años Colombia ha tenido una disminución radical de los asesinatos de periodistas. Lamentablemente, en los últimos meses dos reporteros fueron asesinados por grupos armados. Se trataba de comunicadores valientes que denunciaban, precisamente, lo que hacían esas bandas. Hoy, la situación de las regiones en que ocurrieron tales hechos sigue siendo muy difícil en materia de libertad de expresión.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, también ha dicho que los estados hablan mucho de los derechos, pero ponen poca plata para el sostenimiento de ese organismo. ¿Hay hipocresía en los gobiernos y tiene que ver con la molestia que causan sus decisiones judiciales?
Creo que hay una indolencia conveniente. En distintos momentos, la Comisión ha tenido gobiernos que son sus enemigos declarados, como los de Somoza, Fujimori, Chávez o Correa, pero no tuvieron éxito en desmantelarla. Es mucho más fácil dejarla morir por inanición.
¿Y eso es, en efecto, lo que está sucediendo hoy?
Está en una situación crítica, pero todavía hay tiempo de rescatarla.
Estados Unidos es el principal soporte económico de la CIDH e, incluso, de la OEA. ¿Las políticas norteamericanas van en el sentido de eliminar estos organismos?
Pienso que el gobierno de Obama tiene preocupaciones diferentes y que es bueno llamar la atención de los otros estados de la región para que adopten medidas económicas permanentes y sostenibles que permitan el financiamiento adecuado de la Comisión.
¿Por qué a Estados Unidos y a otros países les convendría la desaparición de la CIDH, si para muchos de sus gobiernos, si bien es molesto, no significa el derrocamiento de sus administraciones ni mucho menos?
La Comisión ha sido muy crítica con Estados Unidos: ha pedido el cierre de Guantánamo, ha visitado la frontera, ha hecho informes fuertes en materia de migrantes y de abuso de la fuerza y ha cuestionado severamente la pena de muerte pero, como usted dice, nada de esto afecta la gobernabilidad de ese país. Sin embargo, otros gobiernos que han desmontado todos los mecanismos de control, que han acabado con la independencia judicial, amordazado la prensa, cooptado órganos como las defensorías y encarcelado a los opositores, sí sienten que instituciones de supervisión internacional como la CIDH constituyen una amenaza. Son ellos los que han promovido el desmantelamiento de la Comisión.
¿Cuáles gobiernos?
La última arremetida estuvo liderada por Venezuela y Ecuador. Lamentablemente, contaron con el apoyo implícito de países como Brasil, molestos por decisiones recientes de la CIDH.
Unas preguntas finales sobre usted: llegó a Colombia y fue postulada en una terna para integrar la Corte Constitucional. ¿Cómo vivió la experiencia de ser alabada por su hoja de vida pero no tener los votos suficientes en el Senado?
Si uno se somete a competir para un cargo público, tiene que saber que puede perder. Eso hace parte de las reglas del juego y yo soy de las personas que pierden con tranquilidad. Tengo que confesarle –y esto me va a costar– que a mí me sigue gustando la frase de Maturana de que perder es ganar un poco. Lo importante es jugar. Me sentí muy honrada por los comentarios de la gente y quedé tranquila con la campaña.
Pero algunos que observaron el proceso dijeron que, como casi siempre, la terna era de uno: del que ganó, no por falta de competencia de los otros dos, sino porque todo estaba arreglado desde el principio. ¿Lo percibió así?
No
¡Qué concisa! ¿Volvería a prestar su nombre y su currículo para otras ternas o postulaciones similares o quedó curada de espantos?
El procedimiento de elección de los magistrados de la Corte es agotador pero adecuado. Da una enorme legitimidad a quienes tienen que ejercer una función esencialmente contra-mayoritaria de defensa de los derechos y las garantías de las minorías. Habría que hacer algunos ajustes, como el establecimiento de espacios formales de encuentro con las bancadas y los voceros, pero, la verdad, creo que si uno quiere ser juez de la Corte, tiene que estar dispuesto a someterse a este procedimiento democrático.
Después de vivir varios años en el exterior, ¿cómo encontró el país en materia de cumplimiento de las sentencias judiciales nacionales o internacionales?
Hay enormes contradicciones. Por una parte, se apela a la comunidad internacional para buscar apoyo al proceso de paz, y las cortes y unas agencias estatales incorporan altos estándares internacionales en sus decisiones. De otra parte, falta compromiso, por ejemplo, con la CIDH y me preocupa que se esté impulsando el desacato a fallos judiciales internacionales, rompiendo así una tradición que le ha dado enorme respetabilidad al país en esos escenarios.
¿El fallo no acatado de La Haya sobre límites marinos con Nicaragua, por ejemplo?
Exacto.
¿A cuáles actividades se dedica y cómo se ha reacomodado a la vida en Colombia, tan grata e ingrata al mismo tiempo?
Grata por los afectos, ingrata por la polarización que nos impide llegar a acuerdos civilizados mínimos. En medio de los afectos y el desconsuelo, hago de todo. Lo que más me gusta es dictar clases y ser profesora del Externado y de universidades como American University. Soy investigadora y consultora de unas entidades: Unesco, Open Society o Columbia, y de agencias estatales de otros países de la región. Además, soy abogada de varios medios y organizaciones de periodistas. Y, a veces, duermo.
Implicaciones más allá de las fronteras
Al terminar el fin de semana pasado, la noticia sobre el posible secuestro de Salud Hernández-Mora, columnista de El Tiempo y corresponsal de El Mundo, de España, conmocionó a los dos países y a sus gobiernos, no sólo por tener doble nacionalidad, sino por ser una periodista particularmente dura con las negociaciones de paz y con la propia administración del presidente Santos.
Al concluir los días laborales e iniciarse este puente festivo, la presión militar y la protesta civil condujeron a que el frente guerrillero del Eln en el Catatumbo la dejara en libertad, así como a los dos reporteros de RCN Televisión que fueron retenidos cuando, precisamente, cubrían el suceso de la desaparición de Hernández-Mora.
Pero, más allá del hecho puntual que casi da al traste con las incipientes conversaciones del Gobierno con esa agrupación rebelde, en la entrevista de estas páginas la prestigiosa jurista colombiana Catalina Botero Marino, quien fuera candidata a magistrada de la Corte Constitucional hace algunos meses, cuando fue elegido Alejandro Linares, analiza las implicaciones internacionales de retener contra su voluntad a quienes ejercen la profesión de periodismo, en el marco de los convenios internacionales que regulan la guerra porque les confiere a sus voceros una protección especial.
A punto de desaparecer
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que si en un mes no recibe recursos económicos de los países del continente, la mitad de su estructura desaparecerá ¿Cuáles son las consecuencias de la eventual desaparición del organismo?
De enorme gravedad. Desmontar a la CIDH equivale, poco más o menos, a que termináramos cerrando a la Corte Constitucional en Colombia, por falta de presupuesto. La CIDH es el último recurso de la gente sin esperanza. Los informes de la Comisión durante la dictadura en Argentina fueron determinantes para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos de la Junta Militar.
Las denuncias en los casos de Somoza o de Fujimori fueron esenciales para evidenciar los crímenes que querían esconder. Los casos que ha impulsado en países como Colombia, El Salvador, Guatemala u Honduras para que se haga justicia en hechos gravísimos de masacres, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, han tenido un notable impacto democratizador.
Los informes sobre Venezuela han dado cuenta de la forma como el gobierno fue desmontando las garantías del Estado de derecho. Y recientemente, el estudio de otras injusticias relacionadas con la discriminación, la libertad de expresión u otras, han sido de enorme importancia para la vida democrática de nuestros países.
Fuente: El Observador
