“El derecho a la verdad es una vacuna contra los abusos"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe que servirá de guía para los distintos países

El destino trágico de los 43 estudiantes de magisterio de Iguala, México, demuestra que las desapariciones forzadas no son algo solo del pasado ni exclusivamente fruto de dictaduras. Y que para reparar una brutal violación de los derechos humanos como es la desaparición forzada -o los asesinatos, o las torturas- no basta con un mea culpa oficial o erigir un monumento años más tarde.

Los familiares de las víctimas, pero también el resto de la sociedad, quieren y deben saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y ver que responden ante la justicia. Ese es el fundamento del Derecho a la Verdad, un principio internacional que nace en buena parte de la experiencia con las dictaduras de América Latina y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza ahora extensamente en un informe.

“El Derecho a la Verdad es una garantía, una vacuna contra el abuso y contra las violaciones graves a los derechos humanos”, resume para EL PAÍS el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Es además “uno de los logros más importantes del movimiento de derechos humanos de América Latina”.

“Este concepto casi no existía antes de la nefasta era de las dictaduras y gobiernos autoritarios que asolaron nuestra región. La construcción del Derecho a la Verdad es un triunfo cultural y político del movimiento de derechos humanos de América Latina”, celebra.

En su nuevo informe, “El Derecho a la Verdad en las Américas”, publicado este jueves, la CIDH trata de “divulgar los estándares” sobre este derecho y constituirse en una “herramienta” o “guía” para que los Estados puedan “consolidar y mejorar la legislación, políticas y prácticas” en esta materia.

Según Erick Acuña, especialista en derechos humanos de la CIDH, el Derecho a la Verdad se basa en tres ejes: el establecimiento de Comisiones de la Verdad, la realización de actos de “reparación” y, sobre todo, aplicación correcta de la justicia.

Aparte este último que implica la necesidad de una revisión -y corrección- de las “incompatibles” leyes de amnistía vigentes aún en varios países de la región como Chile, Brasil, Guatemala o El Salvador, señala el experto.

Algo similar ocurre con la jurisdicción penal militar en casos de derechos humanos que se da aún en algunos países. Y urge también, subraya, garantizar el derecho a la información, entre otros mediante la desclasificación de documentos como archivos militares o de dictaduras cuyo acceso sigue en algunos países cerrado a víctimas o jueces.

Pese a que la región ha realizado grandes avances en materia de Derecho a la Verdad, todavía queda camino por recorrer, subraya Acuña, que ha prestado apoyo técnico en la elaboración del nuevo informe.

“Aunque se han encontrado aspectos positivos en relación con el trabajo de Comisiones de la Verdad y otras iniciativas no judiciales, todavía existen retos y desafíos en materia de justicia”, advierte.

Algunos de los aspectos “más preocupantes” para la CIDH se refieren a la continuada aplicación de las leyes de amnistía o a la “falta de una investigación adecuada” en desapariciones forzadas, ejecuciones o actos de tortura. Sobre todo cuando se sigue usando para ello, en algunos países, la jurisdicción penal militar, algo que la CIDH califica de “incompatible” con el Derecho a la Verdad e incluso “ilegítimo”.

Con todo, la Comisión se cuida mucho de hacer acusaciones muy específicas en su informe, consciente quizás de las ampollas que suelen provocar sus reportes en algunos gobiernos más que sensibles a tirones de orejas en materia de derechos humanos.

“No hay un señalamiento específico diciendo ‘este Estado ha cumplido menos que ese otro Estado’, pero sí se hace una referencia a cuál es el saldo pendiente de muchos Estados, sobre todo en materia de justicia”, resume Acuña.

Porque por muchos monumentos o reconocimientos públicos que hagan los Estados, “si no existe el ámbito de justicia, de investigar, esclarecer los hechos y de juzgar a los responsables, el Derecho a la Verdad se ve truncado”, alerta. Algo especialmente peligroso porque, recuerda, “no hay democracia sin verdad”.

Fuente: El País